Salta se encuentra en un momento importante camino a su estrategia de atracción de inversiones, al evaluar la adhesión al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y la posibilidad de incrementar las regalías mineras del 3% al 5%.
Este debate involucra tanto al gobierno provincial como a los sectores empresarial y político, quienes buscan equilibrar la captación de capital extranjero con el desarrollo local sostenible.
El senador provincial por La Caldera, Miguel Calabró, destacó la importancia del RIGI para atraer inversiones significativas a la provincia, subrayando que es esencial que Salta no quede fuera de este régimen, que promete inversiones superiores a los 200 millones de dólares.
No obstante, Calabró también enfatizó la necesidad de garantizar que estas inversiones se traduzcan en beneficios tangibles para la comunidad local, como la mejora de infraestructura y servicios públicos, según destacó Informate Salta.
En paralelo, la Legislatura de Salta, impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, ha comenzado a tratar los proyectos de ley necesarios para la adhesión al RIGI y la modificación del tope de regalías mineras.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por la legisladora Patricia Hucena, ha iniciado reuniones con funcionarios del sector para analizar estas medidas. El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, junto a Romina Sassarini, titular de la Secretaría de Minería y Energía, participaron en estas discusiones.
De Los Ríos, aunque inicialmente se mostró reticente al aumento de regalías, argumentando que podría afectar la llegada de nuevas inversiones, el gobernador Sáenz defendió la medida, asegurando que los incentivos fiscales existentes son lo suficientemente atractivos para los inversores.
Por otra parte, el presidente del directorio de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa), Alberto Castillo, explicó que la posibilidad de aumentar las regalías está bajo consideración, dado que una vez aprobado el RIGI, las condiciones fiscales se volverían inamovibles.
Castillo mencionó varias opciones en evaluación: mantener el 3% para proyectos acogidos al RIGI, aumentar al 5% solo para nuevos proyectos o aplicar el nuevo tope del 5% de manera general. Estas decisiones, según Castillo, se aplicarían a futuro, dejando sin cambios las condiciones para los proyectos mineros en ejecución.
