El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, destacó que los inversores enfrentan desafíos como la minería ilegal, que afecta concesiones formales, y la complejidad de los trámites para desarrollar proyectos mineros. No obstante, valoró que la implementación de la primera fase informativa de la Ventanilla Única Digital (VUD) refleja una intención del Gobierno de agilizar los permisos necesarios para el sector.

En su intervención como panelista en el último Jueves Minero, Ortiz afirmó que, a la fecha, hay iniciativas mineras que hoy están amenazadas de continuar con su desarrollo debido a que existen zonas invadidas de la concesión por mineros ilegales.

“Tenemos varios proyectos de inversión y significativos, que hoy están amenazados porque están en zonas invadidas por mineros ilegales. Entonces se genera un vacío legal, y con eso no se puede tener claridad si va a poder desarrollar el proyecto sea una etapa de exploración o una etapa de minado”, expresó.

De la misma manera, Gustavo Ramírez, abogado senior de Licencias y Autorizaciones de Compañía Minera Poderosa, manifestó que para el 2025, el reto del Gobierno será buscar una alternativa para frenar el avance de esta actividad ilegal.

Destacó que con la ampliación de Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses más por parte del Congreso de la República, la minería ilegal se ve reforzada, pues es el perfecto mecanismo para operar con impunidad.

“Lo que está pasando en Pataz, ya está pasando en otros sitios y esto viene en aumento. No quiero que esto se pase por agua caliente y esperar que terminemos en un país gobernado por las economías criminales”, refirió en el evento del IIMP.

Por otra parte, respecto a la implementación de la primera fase informativa de la Ventanilla Única Digital (VUD), Ortíz destacó que "se puede observar que hay una intención del Gobierno de acelerar los permisos para el desarrollo de proyectos mineros".

“Es claro que hay una hoja de ruta, que empezó hace dos años atrás, para integrar todas las entidades que opinan en un proceso de aprobación de un permiso. Como el ANA y Sucamec para el tema de los explosivos, y es importante que estén conectados porque claramente hay una pérdida de tiempo trasladar el expediente físico”, apuntó.

Sostuvo que los expedientes técnicos para estudios ambientales que envían las empresas a las entidades son alrededor de 10,000 a 15,000 páginas y no pocos folios como se cree.

“La posibilidad de que en un mismo foro se puedan compartir las preguntas y no duplicarlas, y la respuesta que se dé, pueda atender a dos o tres entidades que están preocupadas de obtener la misma información”, expresó.

Bajo esa premisa, Ortiz manifestó que de esta manera, la compañía minera puede conocer el estado de avance en que se encuentra el expediente. Dijo que ahora el reto para el 2025, es que las entidades integrantes de la VUD implementen el mismo sistema tecnológico para que dinamizar los expedientes y así evitar futuros hackeos.

“Es importante que las empresas puedan conocer el estado de sus permisos y eso, a su vez, le da una visibilidad y transparencia a los procesos. Creo que es un paso importante y un desafío tecnológico que ya se ha desarrollado en otros países”, refirió.

Finalmente, el vicepresidente del IIMP consideró que es vital que las compañías tengan predictibilidad en sus inversiones, pues de esta manera conocerán si sus proyectos se llevarán a cabo en los plazos establecidos en la ley. Hoy la estabilidad jurídica es todavía un escollo para el sector minero y es un tema en el que debe trabajar el Ejecutivo para el próximo año.