En el marco de la Primera Jornada de Derecho Minero, desarrollada en el Auditorio del Poder Judicial de San Rafael, la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza auditó las competencias operacionales y las reformas administrativas introducidas por el nuevo Código de Procedimiento Minero provincial, aprobado en 2024.

El encuentro técnico fue organizado por el Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza junto con el Instituto de Derecho Minero, Hidrocarburos y Energías Renovables (IDMHER), con el objeto de evaluar la seguridad jurídica y los esquemas de fiscalización aplicados al sector.

La reconfiguración del régimen procesal minero local se orientó a alinear los plazos y requisitos de los expedientes administrativos con las reformas de fondo incorporadas en el Código de Minería de la Nación, buscando dotar de mayor transparencia, celeridad y previsibilidad a las carteras de inversión fija (Capex). Durante el panel de exposición sectorial, el abogado de la Dirección de Minería, Hugo Hauser, junto al inspector de la Policía Minera de la delegación San Rafael, Axel Franco, detallaron la distribución de funciones de la Autoridad Ambiental Minera en su carácter de autoridad de aplicación de los procedimientos de evaluación, fiscalización y seguimiento técnico de los proyectos mineros del distrito.

Asimismo, el análisis normativo se concentró en las modificaciones que impactan de forma directa en el funcionamiento de la Policía Minera, cuyos cuadros ven reforzadas sus capacidades operativas de inspección física en los yacimientos a partir de la implementación de un sistema actualizado de graduación y ejecución de multas por infracciones técnicas. La jornada sirvió de igual modo para contrastar estos instrumentos normativos con las prácticas de gestión aplicadas en jurisdicciones vecinas, contando con la participación de Carolina Cirica y Andrea Darol, integrantes del Instituto de Derecho Minero y Ambiental del Foro de Abogados de San Juan; junto con Camila Salcedo y Luis Toledo, autoridades de la Comisión de Derecho Minero de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.

Los asesores legales de las corporaciones advierten que el tránsito hacia el nuevo entorno de tramitación administrativa exige una rigurosa adecuación de los sistemas de gestión de calidad y transparencia institucional de las dependencias públicas para evitar la ralentización de los expedientes. El éxito del nuevo Código de Procedimiento Minero de Mendoza en reactivar el atractivo exploratorio del territorio se mantendrá condicionado a que la Policía Minera y la Autoridad Ambiental Minera ejecuten sus auditorías bajo criterios de predictibilidad técnica y estabilidad fiscal, neutralizando los riesgos de disputas interpretativas en las fases de control y administración de los derechos mineros vigentes.