REBECCA RAY

El mes pasado, los ecuatorianos votaron a favor de poner fin a la producción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares más ricos en biodiversidad del mundo.

El histórico referéndum coincidió con las elecciones generales del país, y el próximo octubre dos candidatos presidenciales con diferentes puntos de vista sobre el Yasuní se enfrentarán en una segunda vuelta.

Cualquiera sea el candidato que se imponga se enfrentará a una cuestión fundamental para determinar el futuro de Ecuador: ¿cuál es su estrategia de desarrollo en una economía post-petrolera?

La respuesta a esta pregunta tendrá importantes ramificaciones en la relación entre Ecuador y China. Hasta la fecha, China ha desempeñado un papel importante en la extracción de petróleo del Yasuní, ya que Ecuador ha contratado a las empresas chinas Sinopec y Chuanqing Drilling Engineering Company para llevar a cabo operaciones en el bloque petrolífero Yasuní-ITT (también conocido como Bloque 43), aunque la empresa estatal ecuatoriana PetroEcuador es la titular de la concesión.

En términos más generales, más allá del bloque Yasuní-ITT, se espera que las reservas de petróleo de Ecuador duren sólo unos años más.

La relación de China con Ecuador no tiene por qué acabar con el fin del petróleo. De hecho, al haber intentado ya establecerse como socio en la educación para la conservación en la Amazonía, China podría asegurarse un lugar en el futuro post-petróleo de Ecuador.

La Universidad Regional Amazónica Ikiam, institución dedicada a la investigación sobre conservación y sostenibilidad en la región amazónica de Ecuador, fue creada en 2013 con la participación de China CAMC Engineering, una constructora estatal china.

Entre sus misiones está la gestión de la reserva biológica Colonso-Chalupas, vecina a su campus en la ciudad de Tena. La creación de capacidad en instituciones como esta será clave para fomentar una actividad económica regional sostenible.

La recaudación de fondos suficientes será un obstáculo para ampliar estos esfuerzos, dada la actual situación de la deuda de Ecuador. En 2022, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) incluyó a Ecuador entre los 54 países más vulnerables a la deuda, debido a sus elevados costos de endeudamiento y a los niveles de deuda existentes.

A principios de este año, el proyecto Alivio de la Deuda para una Recuperación Verde e Inclusiva (DRGR, por sus siglas en inglés) ―una iniciativa en la que participa mi organización, el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston― pidió un “Nuevo Marco Común” para el alivio de la deuda mundial que incluyera a Ecuador.

Esto implicaría una reestructuración inmediata de la deuda y el canje de los antiguos bonos por nuevos bonos de tipo Brady con condiciones de reembolso más fáciles, cuyos ingresos pueden utilizarse para apoyar el progreso hacia los compromisos nacionales de desarrollo sostenible, como el Acuerdo de Escazú, que Ecuador ha ratificado y sigue trabajando para aplicar.

China ya ha participado en importantes reestructuraciones de deuda con Ecuador, como el acuerdo alcanzado en 2022 para aplazar más de US$ 1.000 millones en pagos de deuda hasta 2025. Sin embargo, cuando llegue ese momento, será importante establecer una resolución de la deuda más permanente, teniendo en cuenta que es posible que Ecuador no pueda recurrir a los ingresos del petróleo para su pago.

Una forma de diseñar un acuerdo de este tipo podría ser un canje de deuda por naturaleza, a través del cual parte de las obligaciones de pago de la deuda de Ecuador se convertirían en compromisos a largo plazo, y más asequibles, para financiar y ampliar los esfuerzos de conservación en colaboración con China.

De hecho, el candidato a la vicepresidencia Andrés Arauz es coautor de un reciente estudio académico que explora el potencial de un canje de deuda de este tipo con China, que ayudaría a ampliar la reserva biológica Colonso-Chalupas y la capacidad de Ikiam para gestionarla.

Este tipo de arreglos no son nuevos para Ecuador. A principios de este año, el país realizó el mayor canje de deuda marítima de la historia, convirtiendo 1.600 millones de dólares en bonos por 323 millones en obligaciones para establecer y gestionar el fondo Galápagos Live Fund, que contribuirá a garantizar la conservación de este ecosistema único. El Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos aseguraron este acuerdo, lo que permitió a Ecuador recomprar la deuda en mejores condiciones.

Estos acuerdos pueden liberar recursos para proyectos de desarrollo sostenible, pero también conllevan riesgos significativos si no van acompañados de un alivio más amplio de la deuda. Por ejemplo, las agencias de calificación de bonos suelen rebajar la calificación crediticia de los países, ya que el canje se considera un tipo de impago o “canje en apuros”.

Así, los canjes de deuda por naturaleza pueden dificultar a los países la renegociación de otras deudas o la obtención de recursos adicionales. Es vital para Ecuador que otros acreedores ―como China― trabajen para resolver sus deudas con ellos simultáneamente, para que Ecuador no quede en una peor posición. Los actuales aplazos de pago de la deuda por parte de China son un primer paso crucial. Planificar la conversión de esas obligaciones en compromisos conjuntos de conservación a partir de 2025 podría ser una forma de preservar la asociación Ecuador-China a largo plazo.

Durante más de una década, China ha sido el socio internacional más importante de Ecuador en el desarrollo de hidrocarburos en la Amazonía. Este capítulo parece estar llegando a su fin. Ecuador necesitará socios internacionales que apoyen su visión de una Amazonía más sostenible. Si China decide invertir en esa visión, puede asegurarse un papel destacado en un Ecuador post-petróleo.