)Novedad de último momento: fiscalía ordenó detenciones)
Difícil after day para el porvenir minero de Catamarca. Mientras peritos removían las cenizas dejadas a su paso por la horda de Andalgalá, en la minería argentina (y hoy habrá ecos en quienes siguen a este sector desde afuera de Argentina) cundían los interrogantes.
Hay dos lecturas de la crónica policial post para leer lo ocurrido. La más tranquilizadora, como viene ocurriendo en la Argentina ante cada descalabro del orden público, es que la “zona liberada” que permitió actuar a quienes destruyeron la sede Minera Agua Rica, en pleno centro de la ciudad, “evitó derramamiento de sangre”. Como en todos los conflictos y expresiones callejeras (como el fútbol) del país, los violentos y destructores tienen campo orégano bajo el teorema político de “que no hay que regalarles un muerto que transformarán en mártir”.
La otra lectura es menos tranquilizadora, y se refiere a las suspicacias, algunas abonadas por testimonios de "pueblo chico infierno grande", de que provino del intendente Raúl Eduardo Córdoba y de gente de su elenco y de su entorno más cercano, el guiño de apoyo para que el fuego y las piedras terminaran dando al mundo la señal de que en el Oeste catamarqueño hacer minería no será fácil, a pesar de lo que proclama el gobernador Raúl Jalil.
Para la minería argentina no hubo descanso de fin de semana en el análisis preocupado de esta agresión, tal como se plasmó en las múltiples declaraciones de repudio desde empresas, profesionales y el Estado nacional y federal.
¿Cómo sigue esto? Múltiples fuentes consultadas por Mining Press, en Catamarca reconocen no saberlo y, como común, denominador esperan que actúe la Justicia (palabra que, haya o no haya, se escribe con mayúscula). Esto es más viejo que la historia andalgalense desde los tiempos de los intendentes José Perea y Alejandro Páez: Si no hay castigo y aislamiento de los culpables, será muy difícil volver a creer. Hace 10 años hubo serios incidentes en esta ciudad y nadie se hizo responsable.
Pero no será sencillo, porque los padrinazgos de la violencia en esta comarca son conocidos y sólo una audaz acción de la Justicia y del gobierno provincial podrá desenredar esta madeja. Y así devolverle la la tranquilidad a la comunidad y en particular a las familias de mineros y de simpatizantes de la actividad minera que este fin de semana sufrieron agresiones físicas y la pérdida de vehículos propios entre otros patrimonios. Hace horas el Ministerio de Minería provincial decía en un comunicado "confiamos en que las autoridades judiciales encontrarán a los responsables de estos hechos violentos". Pero la confianza se demuestra andando.
Jalil y el partido gobernante, incluido la diputada Lucía Corpacci (presidente de la Comisión de Minería de la HCDN) quien lo precedió en el mandato, deberían saber que, a la luz de los hechos, que, si no ponen fin a este espiral, Catamarca que supo ser provincia líder puede llegar a desaparecer del mapa minero argentino.
BONUS: AUDIO ELOCUENTE DE LA BARBARIE. LA AGRESIÓN AL PRODUCTOR AVÍCOLA SERGIO ROJAS
Según el diario El Ancasti, cinco personas fueron detenidas esta mañana por orden de la fiscal de Andalgalá, Soledad Rodríguez, aunque hay diez órdenes emitidas.
Las detenciones se enmarcan en la causa abierta por los incidentes ocurrido el sábado, cuando manifestantes antimineros marcharon y destrozaron las oficinas de Agua Rica.
Además, se investiga la participación de funcionarios municipales durante la protesta del sábado.
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