Matías Kulfas, invitó formalmente a la firma a permanecer en el futuro dentro de la compañía
ROMAN LEJTMAN
Alberto Fernández ya medita acerca de la conveniencia política de sancionar una ley - o no- que disponga la expropiación inmediata de la empresa Vicentin, en concurso de acreedores por su compleja situación financiera y económica. Se trata de una iniciativa redactada en soledad por Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y empujada por Cristina Fernández de Kirchner, La Cámpora, y los movimientos sociales cercanos a Juan Grabois.
El Presidente hizo una evaluación acerca de los costos y los beneficios políticos que puede determinar esta abrupta cruzada expropiadora, y anoche no se descartaba en Olivos que sólo se mantenga por 60 días la intervención administrativa encargada a Gabriel Delgado, un reconocido experto en Economía Agraria y Finanzas Rurales con estudios doctorales en Francia.
Alberto Fernández sorprendió con el sesgo expropiador del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNI) y el proyecto de ley redactado en la intelligentzia de la Cámpora, que desde hace semanas insiste con ocupar la conducción de Vicentin bajo argumentos geopolíticos vinculados a la supuesta soberanía alimentaria.
Hasta ese momento, el jefe de Estado había defendido una versión humanitaria del capitalismo y descartado la apropiación de las empresas que recibieron ayuda pública. Alberto Fernández siempre fue crítico de la compra oficial de YPF y de la opaca ayuda crediticia a Sancor, dos proyectos que tuvieron la impronta de la Vicepresidente de la Nación.
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Santiago Cafiero, Gustavo Beliz y Sergio Massa, por citar ciertas figuras con peso político e institucional que sabían del Proyecto Vicentin, fruncieron la nariz sin disimulo cuando el Presidente anunció su decisión de intervenir y expropiar la empresa con deudas reconocidas por 1.350 millones de dólares.
“Alberto (Fernández) venía embalado, y nunca pensamos que ahora estaríamos pagando este costo político”, confió un habitué de Olivos que conoce todos los detalles de esta iniciativa legal que se llevó marcada desde la Cámara de Senadores a la quinta presidencial.
La definición de costo político implica la enumeración de una sucesión de hechos que sorprendieron al jefe de Estado:
1. El rechazo explícito de Roberto Lavagna, que es su principal asesor económico en las sombras
2. Las manifestaciones espontáneas en Santa Fe contra la decisión de expropiar Vicentin
3. Los fuertes cacerolazos en la Capital Federal
4. Los cuestionamientos de las principales cámaras empresarias
5. La caída estrepitosa de las acciones argentinas en los mercados globales
6. La denuncia por abuso de poder presentada por representantes de la oposición
7. La crisis política que enfrenta el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti
8. La crítica unánime de las organizaciones agropecuarias
9. La controvertida argumentación jurídica para sostener la decisión política de expropiar
Alberto Fernández evalúa un plan alternativo que congela la expropiación de Vicentin, mantiene la intervención por 60 días y prevé un trabajo conjunto con el juez del concurso de acreedores y los accionistas de la empresa que mantuvieron la actividad comercial a pesar del COVID-19 y su impacto en el sistema productivo.
El gobernador Perotti, los abogados de Vicentin, Massa, los principales accionistas de la compañía agroexportadora, Kulfas, Delgado y Beliz conformaron un pack informal para acercar una posición alternativa a la iniciativa expropiadora que empuja CFK, la Cámpora, y los movimientos sociales más intransigentes liderados por Juan Grabois.
El Presidente analizará hoy ese Plan B en Olivos, y a las 6 PM recibirá a las autoridades de Vicentin para conocer su mirada sobre una compañía que maneja el 10 por ciento de las exportaciones de soja, produce biodiesel, lácteos, vinos y es clave para miles de productores de Santa Fe y Córdoba.
Alberto Fernández tomará la decisión política después de este cónclave que compartiría con Cafiero, Kulfas y Delgado. Si el encuentro con Sergio Nardelli, CEO de Vicentin, no termina en una catástrofe, el Presidente debería anunciar que continúa la intervención, que YPF Agro será clave para la compañía en concurso de acreedores, y que la expropiación quedará en suspenso hasta nuevo aviso.
Ámbito
CARLOS BURGUEÑO
El Gobierno intentará una jugada difícil, pero que de salir bien, blanquearía ante el mundo la intención de avanzar sobre Vicentin. Alberto Fernández tomó la decisión de avalar la permanencia de Glencore como socio de la futura empresa que formarán, si el Congreso aprueba la nacionalización, dentro de la futura base de YPF Agro. La idea es que Glencore sea el socio minoritario del proyecto que mantiene con la empresa que hasta ahora manejan las familias Nardelli y Padoan: la joint venture Renova. Se trata de dos plantas en Santa Fe, Timbúes (molienda de soja) y San Lorenzo (biodiésel y glicerina). Hoy Glencore es dueña de dos tercios de las plantas, luego de avanzar el año pasado en la compra de la mayoría de las acciones ante las dificultades de Vicentin.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, invitó formalmente a la firma a permanecer en el futuro dentro de la compañía, poniendo como ejemplo a las sociedades que YPF mantiene con otra petrolera como Chevron. “Si es una situación favorable, ¿por qué no?”, dijo el funcionario en declaraciones radiales.
La posición de no enfrentar a la compañía europea e invitarla a formar parte del futuro negocio que planea el Gobierno -en el caso que el Congreso apruebe la estatización- nace de dos motivaciones: el peso de Glencore en el mundo, la batalla judicial que se viene y el precio que habría que pagarle si se le compraran sus acciones. En el primer caso, los números de la compañía ameritan que cualquier operador económico quiera tenerla como socia. Facturó, a números de 2019, unos u$s200.000 millones; casi la mitad del PBI argentino.
Maneja el 25% de los mercados de cebada y girasol a nivel mundial, el 10% del trigo, el 50% del cobre y el zinc, el 28% del carbón para centrales eléctricas, el 38% del aluminio y el 45% del plomo. No sería descabellado pensar que, eventualmente y si la sociedad funciona, haya alianzas para que Glencore se dedique también a colocar producción argentina en esos sectores en los mercados mundiales que domina.
Sobre la cuestión judicial, entienden los abogados argentinos que la suiza no sería legalmente responsable de ninguna de las operaciones posiblemente ilegales en las que habría incurrido la conducción de Vicentin. Esto implica que, de nacionalizar la compañía, Glencore debería ser indemnizada en sus acciones, las que, como mínimo, implicarían un desembolso de entre u$s400 y u$s500 millones. Ese sería el precio que Glencore les puso a sus acciones en Renova, al intentar comprar la parte minoritaria de Vicentin en abril, por unos u$s325 millones.
Obviamente, los suizos no aceptarían menos, ya que esa propuesta había sido rechazada por la Justicia como baja, y desde Suiza avanzaba la elaboración de una nueva oferta cuando estalló la pandemia y se suspendió el tratamiento del concurso de la firma argentina. Reconoce, además, el Gobierno local que no hay margen para la imagen del país en el mundo, de hacerle un “pagadiós” a un gigante mundial en el mercado de granos, con el que, además, tendría que competir en el futuro. Y, eventualmente, comercializar.
