NÉSTOR O. SCIBONA *

Para diferenciarse de la “lluvia de inversiones”, prometida infructuosamente por Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández optó por provocar otra lluvia. Esta vez, de papelitos de colores bajo la forma de billetes de pesos con los cuales busca promover un repunte artificial y transitorio del consumo para mejorar las chances del oficialismo en las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Cuando termine este recreo económico, dentro de poco menos de 80 días, se abrirá una etapa de 23 meses con tantas o más incógnitas que el próximo resultado electoral.

Por lo pronto, con una inflación reprimida por dólar y tarifas semi-congeladas mientras la “maquinita” del Banco Central (BCRA) trabaja a full, nada asegura que los actuales anabólicos para el consumo (reapertura de paritarias, créditos a tasa cero para monotributistas, rebaja y devolución de Ganancias, bonos a jubilados, refuerzo de planes sociales, entre otros) seguirán surtiendo efecto después de las elecciones. Sobre todo, cuando habrá más pesos y menos dólares disponibles debido a la progresiva declinación de las reservas netas del BCRA.

Si no se corrigen a tiempo esas distorsiones, en especial de precios relativos, este año cerraría con una amplia brecha cambiaria, más presiones inflacionarias, más déficit fiscal por subsidios, menos superávit comercial y más controles cambiarios. Este escenario complicará no sólo la reactivación de la economía en 2022 (más allá de lo que ocurra con la pandemia), sino también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para aliviar el peso de los vencimientos por casi US$40.000 millones que se concentran entre el año próximo y 2023.

La gran mayoría de los analistas descuenta una corrección cambiaria para después de las elecciones o, a más tardar, a comienzos de enero de 2022. La incógnita es la forma. O sea, si habrá una aceleración del crawling peg (las minidevaluaciones diarias del BCRA, que vienen ajustando el tipo de cambio a razón de 1% mensual frente a una inflación de 3%); o bien un salto, como el 22% que la dupla Axel Kicillof- Juan Carlos Fábrega aplicó en enero de 2014 para compensar el retraso previo. Hace dos meses, el propio ex titular del BCRA había pronosticado una devaluación post electoral “controlada” de 15 a 20%.

También hay coincidencias sobre la necesidad de apurar la negociación con el FMI. Aunque el ministro Martín Guzmán aceptó poner como fecha límite de un acuerdo el 31 de marzo de 2002 como “puente” para refinanciar la deuda con el Club de París (US$2400 millones), se estima que las reservas netas del BCRA no serán suficientes para pagar los vencimientos del primer trimestre con los organismos internacionales, que suman US$7200 millones. La consultora EcoGo, dirigida por Marina Dal Poggetto, resalta que hasta China exige el acuerdo con el Fondo para seguir desembolsando el financiamiento de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz (hoy transitoriamente frenado) y que la escasez de divisas se verá agravada si se produce la reapertura del turismo al exterior. De ahí que las incógnitas giren alrededor del tipo de acuerdo, plazo y condicionalidades.

En una charla virtual organizada por el IAEF, el economista Carlos Melconian afirmó que si no aparecían la “Santa Soja” (con ingresos extra por US$8000 millones) y los Derechos Especiales de Giro del FMI (US$4334 millones), “este año hubiera explotado todo”.

Los DEG girados esta semana, que no son un préstamo ni tienen costo sino parte de la asignación global por US$650.000 millones distribuida entre sus 190 países miembros para enfrentar el impacto de la pandemia, permitieron que las reservas brutas del BCRA superaran los 46.300 millones por primera vez desde octubre de 2019. Sin embargo, los DEG pasarán por una puerta giratoria. Así como entraron ahora, saldrán antes de fin de año para pagar los vencimientos de 2021 con el Fondo, que hasta diciembre suman un monto ligeramente inferior y podrá reembolsar con el monto aportado.

Ya quedó en el recuerdo el documento del bloque de senadores oficialistas, impulsado por Cristina Kirchner, que le reclamaba al Gobierno no destinar los DEG a pagarle al FMI. Cuando el dólar empezó a subir hace un mes, la propia vicepresidenta dio marcha atrás. El debate interno pasa ahora por si serán contabilizados como ingreso de capital al Tesoro, en cuyo caso provocarán una mejora transitoria y cosmética del déficit fiscal de este año (bajará 1% del PBI), que no podrá computarse en el próximo a menos que otros países le presten o donen DEG a la Argentina.

Hacia adelante, Melconian prevé un acuerdo sui generis. Cree que los US$40.000 millones que vencen en 2022 y 2023 no serán refinanciados por el Fondo a largo plazo, como en el canje de deuda de 2020 con los acreedores privados. Y que el staff del organismo podría proponer un rollover trimestral permanente a 10 años, a cambio del cumplimiento de metas fiscales, monetarias y de reservas de corto plazo. La deuda sería fraccionada así a razón de 4000 millones por año en función de esa condicionalidad, que no incluiría reformas estructurales.

Héctor Torres, exdirector argentino en el FMI (2004/2008 y 2016/2017) no descarta esa posibilidad, pero en un reportaje con radio EcoMedios consideró que no serviría para generar confianza, como sí lo sería avanzar hacia un consenso político sobre las reformas (laboral, previsional, tributaria) que necesita la Argentina para lograr un crecimiento económico sostenido a base de mayores inversiones y exportaciones. También sostuvo que la renegociación de la deuda se hizo al revés: primero se podría haber negociado un acuerdo con el Fondo con cláusulas flexibles para 2019/2020, en vez de empezar por la reestructuración de la deuda con los privados que no permitió bajar el riesgo país, hoy en torno de 1540/1600 puntos, ante la ausencia de un plan económico.

Al igual que muchos economistas, Torres coincide en que un default con el Fondo no es opción, porque el país dejaría de recibir financiamiento de organismos como el Banco Mundial y el BID, así como cartas de crédito para exportaciones e importaciones.

Aun así, el debate sobre el endeudamiento en plena campaña electoral encubre una realidad: la incapacidad de la dirigencia política para lograr un Estado financiable, que contribuya a la estabilidad económica. Por más que se fraccione la historia reciente, sólo en la última década se necesitaron entre 20.000 y 30.000 millones de dólares por año para cubrir el déficit fiscal. En su segundo mandato, después de que el gasto público subiera 20 puntos de PBI, CFK dilapidó 25.000 millones en reservas ante la imposibilidad de acceder al crédito externo y recurrió a la emisión de pesos.

También dejó un tendal de juicios en el exterior (más de US$17.000 millones) por reestatizaciones, expropiaciones o incumplimiento de contratos. Macri se endeudó a razón de US$30.000 millones por año para financiar el gradualismo fiscal, hasta que en 2018 se le cortó el crédito externo y debió recurrir al FMI con la asistencia récord de US$45.000 millones para completar su mandato. En todo ese período, el kirchnerismo en el Congreso votó en contra todas las leyes de presupuesto. Y Alberto Fernández, que sancionó la ley de emergencias múltiples al comenzar su gestión, financió el déficit con deuda en pesos a corto plazo o indexada equivalente a casi US$30.000 millones y más de 60% con emisión monetaria.

Más atrás en el tiempo, la Argentina firmó desde 1958 con el Fondo Monetario 20 acuerdos stand-by; 6 convenios compensatorios por caída de exportaciones y uno denominado “oil facility”, según un trabajo de los economistas Lisandro Barry y Carlos Quaglio publicado en 2018. O sea, un total de 27 en 50 años, con un promedio de uno casi dos años (1,8) y condiciones que no llegaron a cumplirse en ningún caso.

* Periodista, consultor en temas de comunicación periodística e institucional