JORGE LAPEÑA *

Desde hace algunas semanas la construcción del gasoducto Néstor Kirchner ha ocupado un lugar central en la política nacional y en el sector energético. No es el único tema; comparte cartel con el bochorno del suministro de gasoil que tiene en vilo a la economía argentina con protestas crecientes y justificadas desde hace 3 meses.

La controversia cobró vuelo en el acto del centenario de la creación de YPF en Tecnópolis el 3 de junio. La vicepresidenta de la Nación manifestó su disconformidad con lo actuado por el Poder Ejecutivo; cuestionó la adjudicación de la chapa para construir los 635 km de tubería a una subsidiaria del grupo Techint y el ministro Kulfas fue eyectado del Gabinete. Pero el tema dista de estar resuelto. Hay que poner la lupa sobre la obra.

La oposición ante el escándalo omitió exigir al PE un informe completo sobre una obra que empieza mal, con plazos irreales, con presupuestos inciertos; y sin que se conozca el estudio de factibilidad que asegure la viabilidad de obra, lo cual viola la ley 24354 que regula “sistema nacional de inversiones públicas”. La obra no forma parte del Presupuesto Nacional 2022; y ello es una irregularidad mayúscula.

La oposición adoptó un criterio tolerante que alimenta la idea de la existencia de un consenso respecto a las posibilidades que brinda un mundo en guerra a la Argentina que cree poseer la “segunda reserva de gas natural del mundo” en Vaca Muerta.

Estos conceptos los expresó el Presidente de la Nación ante el premier alemán y ante el rey de España al afirmar en mayo pp. que Argentina es un proveedor confiable de jerarquía mundial en alimentos y en Energía, algo desmentido por la realidad de nuestro tortuoso y costoso abastecimiento de gasoil y de gas natural.

Hace lustros que Argentina no puede construir un gasoducto en plazos razonables y cumpliendo los presupuestos. La experiencia enseña que han existido enormes despilfarros que han incluido: robos de caños; adjudicaciones a empresas sin experiencia; excesivos plazos de obra y presupuestos excedidos. El gasoducto más importante de este siglo – el GNEA- se inició en 2013 y permanece inconcluso. Una auditoría realizada por la SIGEN en 2016, da cuenta de enormes vicios en la construcción y adjudicación irracional que causó a la postre grandes perjuicios para el país.

Se necesita un nuevo gasoducto. Está diagnosticado que el sistema de gasoductos argentino –uno de los más extensos del mundo- posee un cuello de botella en la vinculación entre la cuenca neuquina y la región del litoral atlántico; al mismo tiempo el sistema tiene un sobrante de capacidad de transporte no aprovechado que alcanza al 50 % en los ductos del resto del país. La causa: la disminución de la producción en todas las cuencas nacionales con excepción de la cuenca neuquina.

Tan grande es nuestros problemas gasíferos, que importamos gas en cantidades crecientes desde 2010 desde Bolivia y como GNL en los puertos de Escobar y Bahía Blanca sería sustituidas por gas nacional.

Es sorprendente que el Gobierno nacional haya optado por repetir errores del pasado encomendándole la ejecución de la obra a ENARSA –la empresa estatal sin experiencia recursos financieros genuinos y la misma empresa que ejecutó el gasoducto fallido- sin haber intentado la solución prevista en la ley de hidrocarburos 17319 que en su artículo 28 contiene la solución institucional que consiste en este caso en el otorgamiento de una concesión de transporte para los productores de gas de los yacimientos de Vaca Muerta cuya producción es la única que está en ascenso El otorgamiento de la concesión a los productores, es la solución más conveniente para todas las partes: es la de menor costo ya que la construcción por los productores del gas asegura el mínimo tiempo de construcción y el menor costo, lo cual redundará en un mayor beneficio para los productores y una menor tarifa para los usuarios. Además, evita los sobrecostos en que incurre el Estado cuando ejecuta obras públicas; y libera al Tesoro de los subsidios para gastos de capital que consumiría la obra.

La obra debería ser construida por un consorcio integrado por las seis empresas concesionarias de los yacimientos gasíferos de Vaca Muerta, cuya producción está en aumento y que no pueden colocar en el mercado los excedentes productivos por insuficiencia del sistema de transporte: YPF; Tecpetrol; Total; Pluspetrol; PAE y Exxon. A ellos se debería sumar ENARSA que ya ha adquirido la chapa para la elaboración de los 635 km de caños. La participación accionaria en el consorcio debería ser proporcional a su producción y en el caso de Enarsa al valor de la chapa Antes de iniciar las obras deben cumplirse dos condiciones básicas como condición sine qua non:

1) El último inventario de Reservas comprobadas de la Cuenca Neuquina da cuenta de la existencia de un inventario de 214.000 millones de m3 de shale gas que resultan insuficientes para alimentar dicho gasoducto en toda su vida útil. Es necesario que antes de iniciar la obra las empresas certifiquen reservas comprobadas en sus respectivas concesiones y declaren su comercialidad para asegurar el funcionamiento del nuevo gasoducto a lo largo de su vida útil.

2) Las 6 concesionarias deberán firmar compromisos de inyección para los próximos 10 años que aseguren la factibilidad de la obra y que permitan calcular las tarifas de transporte del gas.

* Ex secretario de Energía, presidente del IAE “General Mosconi”