Hasta 85% podría llegar la carga impositiva de algunas mineras con el nuevo impuesto específico, casi triplicando la carga actual para el mismo tipo de empresas
RODRIGO CÁRDENAS
En la Comisión de Minería del Senado se encuentra actualmente el proyecto de ley que busca implementar un nuevo impuesto específico a la minería, o royalty, y que ha levantado polémica, en particular por las tasas que podrían terminar pagando las mineras y su impacto en la inversión, empleo y crecimiento.
Cuando se discutió la medida en la sala de Cámara de Diputados, el ministro de la cartera, Juan Carlos Jobet indicó que “algo no está bien en un proyecto que busca elevar esa carga a 82%. Con este proyecto, las compañías tendrían que tributar el doble en Chile que en los otros países líderes de la industria”, lo cual fue también calculado en un artículo de Bloomberg que despertó las alertas no solo del sector privado local, sino que a nivel global.
En este contexto, el Centro de Estudios Públicos (CEP) hizo un documento en el que compara el actual royalty que existe en Chile con la legislación de otras naciones mineras y los efectos de la nueva propuesta.
Aunque el análisis es de carácter económico, la primera alerta que levanta el documento -parte de la serie Puntos de Referencia- es que la medida es cuestionable desde el punto de vista constitucional, ya que los cambios impositivos son de exclusiva facultad del Presidente.
Entrando en el fondo del análisis, los autores Evangelina Dardati, Roberto Cases y Daniela Leitch, identifican dos grandes tipos de royalties: los sobre ventas brutas y los sobre las rentas o beneficios operacionales (es decir, descontado los costos). En Chile el Impuesto Específico a la Minería (IEM) actual es una tasa de entre 5% y 35% sobre la renta operacional de la empresa con una tasa promedio de entre 5% y 14%.
Un royalty que se basa en las ventas brutas -o sobre la cantidad de mineral extraído-, tiene como característica principal que las empresas tienen que pagar un royalty independiente de sus resultados. Así, al convertirse en un costo adicional a la producción, puede desincentivar la explotación de algunos yacimientos de alto costo y menor calidad, lo cual terminará repercutiendo además negativamente en las arcas fiscales. Ese tipo de royalty tampoco toma en cuenta -explican en el texto- la variabilidad de los costos, teniendo que pagar siempre lo mismo.
Esto es un problema relevante ya que especialmente en los primeros años de operación los costos fijos de las mineras son altos. Además, el precio del cobre es volátil, por lo que los resultados de las empresas también pueden serlo. Al ser el actual royalty que se aplica en Chile a la renta operacional no pasa lo anterior.
El estudio del CEP hizo una comparativa con los principales países y áreas dentro de países mineros con impuestos similares.
El sistema más parecido al que se tiene en Chile es el que se registra en Perú, donde se aplican tasas basadas en márgenes operacionales. No obstante, el informe destaca que en Perú se cobran dos impuestos específicos al sector minero. Uno tiene tasas nominales desde 2% hasta 8,4%. El segundo es uno cuyo impuesto a pagar es el mayor entre impuestos progresivos de entre 1% y 12% de las rentas operacionales trimestrales o el 1% de las ventas brutas.
Cuando los royalties se aplican sobre las rentas operacionales, en general las tasas van de 1,25% (Arizona, Estados Unidos) hasta 13% (Columbia Británica, Canadá). Salvo en Quebec (Canadá) en los demás casos las tasas son uniformes y no dependen de los márgenes operacionales. “Por lo tanto, la tasa promedio puede ser mayor o menor a la de Chile dependiendo del margen operacional de la empresa. En los casos en donde se aplica el impuesto sobre las ventas brutas las tasas van de un 2% a un 5%. Adicionalmente, existen ciertas excepciones o deducciones adicionales que dependen de cada caso en particular”, dice el documento.
De esta forma, el royalty vigente actualmente en el país no difiere de lo que se cobra en el resto de los principales productores, más bien está dentro de los niveles promedios de los países analizados.
El proyecto de ley que se encuentra en el Congreso aplicaría un impuesto uniforme del 3% del valor de mercado del cobre, litio “y cualquier sustancia concesible”, es decir, que el estado pueda entregar en concesión. Además, para el caso del cobre se establecen tasas marginales ascendentes, aplicadas sobre las ventas brutas, que van desde el 15% hasta el 75% según el precio del metal, partiendo en USD 2 por libra. El CEP indica en su documento que, a diferencia del royalty actual, el que está en discusión lo pagarían todas las minas con ventas mayores a 12 mil toneladas.
Para evaluar cómo quedaría la situación impositiva para las firmas en Chile, el CEP realizó un ejercicio con tres empresas hipotéticas para representar la realidad de algunas firmas mineras locales: todas produciendo 500 mil toneladas, pero la “1″ con mayor margen operacional (50% con el cobre a US$2,8 y 69% con el metal a US$4,5); la “2″ con márgenes más acotados (11% con US$2,8 y 45% con US$4,5) y una “3″ intermedia (19% con US$2,8 y 50% con US$4,5).
Con la nueva legislación que se discute en el Congreso, la carga impositiva sube, especialmente para minas con márgenes operacionales bajos ya que no toma en cuenta su capacidad de pago. En particular, para la empresa con menos márgenes (la 2), la carga impositiva sube hasta un 84% a un precio de US$2,8 por libra y hasta un 72% a un precio de US$4,5 por libra, solo considerando el nuevo royalty, plantea el documento. Por su parte, si se considera un escenario con dos impuestos para la misma empresa, la carga asciende a 85% y 73% para precios de US$2,8 y US$4,5, respectivamente.
Para la empresa 3, solo con el nuevo royalty, la carga impositiva total sube a 60% y 67% para precios de US$2,8 y US$4,5, respectivamente. Con ambos impuestos, la carga es de 62% y 69% para los precios respectivos. En el caso de la empresa 1, que tiene márgenes operacionales más altos, la carga sube a un 43% y 60% para el precio de US$2,8 y US$4,5 respectivamente, con los dos impuestos. Esto es menor que en los otros dos casos, pero sigue siendo mayor que en las otras regiones analizadas
Este escenario de dos impuestos específicos es lo que está hoy en el texto, porque el proyecto en trámite no reemplaza el royalty actualmente vigente, sino que se suma como un impuesto más. Algunos parlamentarios han indicado que el “espíritu” de la legislación es que termine siendo un reemplazo, pero eso no está incluido en el texto que se discute, por lo que de hacerse efectivo este reemplazo deberá realizarse a través de una indicación durante esta tramitación o vía un nuevo proyecto más adelante.
Los supuestos planteados en los escenarios del CEP son además conservadores, ya que, indican, consideran que los costos no aumentan cuando aumenta el precio, ni tampoco la tasa adicional de 8% para las empresas que desean repatriar utilidades.
Además hay que considerar que los márgenes también fueron optimistas, ya que, por ejemplo, durante 2020, la mayoría de las firmas mineras en Chile tuvieron márgenes operacionales menores a 35% y solo 3 por sobre 50%.
“Esto sugiere que el aumento de la carga impositiva por un nuevo royalty estaría más cerca de los casos de las empresas 2 y 3 que de la empresa 1. Cabe también resaltar que, en 2020, con un precio de US$2,8 por libra, varias minas mostraron utilidades cercanas a cero (o negativas en algunos casos), con lo cual, si hubiesen tenido que pagar el nuevo royalty, sus utilidades habrían sido aún más negativas, viéndose comprometidas sus operaciones y su viabilidad económica”, puntualiza el informe.
El documento del CEP también indica que hay que tener en consideración la competitividad del país al pensar un nuevo impuesto como este. “En el caso de Chile, la ley del mineral ha ido cayendo en los últimos 10 años a medida que ha madurado la industria. Esto ya pone a Chile en desventaja con zonas con una ley del mineral más alta como es el caso de Perú”, dice.
Además, al ser las minas que operan con bajos márgenes las más afectadas con la idea que se discute en el Parlamento, estas podrían dejar de operar. A la vez que hay que considerar los proyectos que no se realizarán, ya que la inversión calculada no sería rentable o porque es más conveniente hacer la inversión en otro país. Esto, al mismo tiempo, dice el estudio CEP, tendrá “impactos sociales importantes en el empleo y en la recaudación tributaria, además de una serie de efectos adversos para las regiones en donde la minería y sus actividades relacionadas son la principal fuente de ingresos”.
