NATALÍ RISSO

Tras varios meses de aplazamiento, se presentaron esta semana Sebastián y Matías Eszkenazi a dar testimonio en el proceso de discovery del juicio que el fondo buitre Burford le inició a la República Argentina y a YPF por la reestatización de la petrolera en 2012.

La audiencia fue solicitada por la jueza Loretta Preska en la corte de Nueva York y los Eszkenazi fueron interrogados además por los abogados de los estudios externos que representan al país y a la empresa, a fin de determinar su grado de implicancia en los derechos del juicio que le vendieron a Burford luego de que sus empresas quebraran.

Sebastián y Matías Eszkenazi prestaron su testimonio bajo las reglas federales estadounidenses. Si bien se realizó una versión taquigráfica de lo hablado, el contenido es confidencial hasta el momento del juicio o por expreso de pedido de alguna de las partes. La importancia del hecho radica en que la jueza Preska había solicitado la presencia de los Eszkenazi en más de tres oportunidades.

Ellos no accedían por proclamarse ajenos a esta demanda, aunque sí habían declarado junto con su padre Enrique y su hermano del medio Ezequiel, con menor relevancia en el manejo de la compañía, en este interrogatorio pero bajo reglas argentinas. 

El juicio en cuestión lo lleva adelante el fondo Burford porque adquirió el derecho de litigio de las empresas del Grupo Petersen de la familia Eskenazi, accionista minoritario de YPF al momento de la expropiación. La demanda contra YPF y el país radica en que los demandantes reclaman una indemnización por los daños económicos que el pago a los españoles de Repsol, dueño del 51 por ciento de las acciones de la petrolera en ese momento, le provocó al resto de los accionistas luego de la nacionalización de 2012.

Se acusa a la Argentina por no ampliar la oferta hecha a Repsol a los otros accionistas privados de la petrolera. En particular, las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora (del Grupo Petersen de los Eskenazi), dueñas del 25 por ciento del paquete accionario, que se manifestaron damnificadas por esta compra hostil y quebraron luego de la estatización.

En un descargo presentado ante Página 12 en diciembre del año pasado, el Grupo Petersen declaraba que "es totalmente ajeno a cualquier demanda contra YPF y/o el Estado Nacional en la Argentina o en el exterior. Renunció expresamente a ese derecho a litigar contra el Estado argentino. No inició el juicio ni tampoco le vendió los derechos al fondo Burford, con el que el Grupo Petersen no tiene ninguna relación, ni comercial ni de ningún otro tipo". Sin embargo, la jueza Preska insiste en que el interrogatorio es importante para interrogarlo en el juicio.

Las próximas fechas importantes en este caso son el 27 de agosto, que cierra la etapa de presentación de pruebas. Esta fecha ya se corrió en varias ocasiones con acuerdo de ambas partes, por lo que puede volver a suceder. 

Una vez concluida la etapa de recolección de pruebas, entre fines de septiembre y principios de diciembre las partes deberán intercambiar las opiniones de sus respectivos peritos, expertos jurídicos que presentan un informe para sugerir a la jueza cómo debería interpretar la legislación para el caso.

Para el 7 de diciembre habrá una audiencia, que podría ser abierta, para explicar el estatus del caso. En enero las partes pueden presentar sus alegatos y, finalmente, la fecha tentativa de audiencia debería ser en mayo de 2022. 

Buitre expuesto

Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha. Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. 

Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que el juicio aún no resuelto contra YPF es el principal activo en su cartera: si llega a perderlo, su situación financiera se complicaría, hecho que puede impactar en su cotización en la bolsa y el valor de la empresa. 

El juicio multimillonario, que reclama un resarcimiento económico alegando que durante el proceso de expropiación se incumplieron las normas del Estatuto de la petrolera argentina, pide el doble del valor real de YPF. "Pero están expuestos de una forma peligrosa" informan analistas del caso. 

A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF (el grupo Petersen) para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.

En tanto, que Preska falle a favor de Burford resultaría un golpe importante para el país. El juicio multimillonario es uno de los más peligrosos que aún mantiene el país en tribunales internacionales.