La persistencia de los volcados contaminantes por parte de la industria pesquera en las patagónicas provincias de Chubut y Santa Cruz, motivó la presentación de dos denuncias penales.
En las mismas se denuncia la presunta comisión de delitos contra el medio ambiente, por parte de las empresas pesqueras, que en vez de tratar sus residuos y para ahorrar dinero, proceden a volcar ilegalmente los mismos.
En el caso de Comodoro Rivadavia al mar, más precisamente, en la zona costera. En Puerto Deseado, directamente, sobre la Ria de dicha localidad.
Hubo dos situaciones que despertaron reacciones e hicieron salir a la luz pública, el daño ambiental de la región.
Por un lado, la laguna del Corfo ubicada en la chubutense ciudad de Trelew, apareció con sus aguas teñidas de rosa y a pesar de los que los funcionarios dijeron que ese color "desaparecería en pocas semanas", pasados varios meses la situación se agravó y no solo el color rosado no desapareció, sino que ahora la laguna, presenta un color directamente morado. Por otro lado, la advertencia de ambientalistas de Puerto Deseado que encendieron las alarmas ambientales, ante el peligro de las colonias de pingüinos Magallanes y Penacho Amarillo, por el altísimo nivel de contaminación de la Ria de Deseado, lugar en la que las pesqueras realizan sus volcados ilegales.
Esas situaciones han sido la antesala de las denuncias judiciales. Las empresas pesqueras apuntadas en las presentaciones son: Argenova SA, Arbumasa SA, Pesquera Santa Cruz, Empesur SA, Pesquera Deseado SA, Viera Argentina SA, Explotación Pesquera de la Patagonia SA, Cooperativa de Vivienda y Trabajo Mar Azul ltda. Además, se señala la presunta responsabilidad de la Dirección Provincial de Asuntos Hídricos, Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz, Municipio de Puerto Deseado (Subsecretaria de Medio Ambiente), y el Consejo Agrario.
Una de las denuncias se presentó ante la (Ufima), Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente y en este caso, es un vecino de Puerto Deseado, el denunciante. En el otro caso, la denuncia fue presentada en Comodoro Rivadavia ante la justicia provincial y surge a raíz de las intervenciones y sanciones por incumplimiento a la ley ambiental, aplicada oportunamente por el Ministerio de Medio Ambiente provincial, a las empresas pesqueras.
Ambas presentaciones son para que se investigue el posible delito de daño ambiental y en ambos casos, por la incorrecta gestión y volcado indebido de efluentes a un cuerpo liquido receptor.
Para el caso de Puerto Deseado la denuncia ofrece como prueba los resultados de muestras de laboratorio realizadas en muestras tomadas de la Ria y de la cual surge que existe un exceso de materia orgánica, grasas y aceites y valores fuera de los límites de lo permitido.
Ambientalistas de Puerto Deseado, vienen advirtiendo esta situación para el caso de la Ria de Puerto Deseado la misma, presenta una tonalidad en el agua anaranjada. Según la licenciada Débora De Monte, experta en medio ambiente del lugar y ex Subsecretaria de Ambiente Municipal -que ha sido citada a declarar como testigo por la justicia- "el muestreo y análisis de laboratorio de los efluentes industriales pesqueros que se vuelcan en el agua de la Ria superan los límites permisibles establecidos en la norma de los parámetros:, DBO5 (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), grasas-aceites, solidos sedimentables y nutrientes además las muestras analizadas arrojaron valores alarmantes de bacterias coliformes, lo que resultan una prueba química irrefutable que habla del estado de afectación del agua y resulta gravoso para el equilibrio del ecosistema del lugar".
Las consecuencias que derivan de esta situación "se traducen en infecciones por microorganismos patógenos, modificación de la vida acuática por disminución del oxígeno disuelto, generación de olores desagradables y alteraciones estéticas por la presencia de espumas, turbidez y color en el cuerpo de agua receptor de los efluentes", detalló la ambientalista.
La contaminación de la Ria por el volcado ilegal de las empresas pesqueras que buscan evitar el costo (bajísimo) del tratamiento de sus residuos, tal como lo exige la ley es tal que según trascendió en el mes de agosto, la Secretaria de Estado de Ambiente de Santa Cruz junto con la Subsecretaría de ambiente Municipal fiscalizó las tareas de muestreo de efluentes en las plantas pesqueras de dicha localidad, obteniendo resultados que evidencian la inexistencia y/o deficiencia de tratamiento del agua residual producida en los establecimientos en incumplimiento a lo que obliga la ley.