JUAN SALDARRIAGA

La devastación causada por el derrame de más de 11 mil barriles de crudo en el terminal marítimo de La Pampilla (Ventanilla) ha colocado a la española Repsol en el ojo de la tormenta y desatado una serie de especulaciones sobre su devenir en el país.

Las manifestaciones ciudadanas en su contra, los pedidos de que se vaya del Perú y la prohibición de que cargue y descargue hidrocarburos por vía marítima, la han golpeado a ojos vista.

¿Pero cuánto? ¿Y qué consecuencias acarreará todo esto para sus operaciones en Perú? Eventos recientes ofrecen varias pistas.

EL GOBIERNO ESPAÑOL
La semana pasada arribó a Lima el secretario español de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo.

Su visita tenía la finalidad de “trasladar a las autoridades y a los peruanos” el interés del gobierno ibérico por el desastre ecológico que daña el litoral de Lima.

En ese orden de ideas, el funcionario no escatimó elogios para Repsol, encomiando su colaboración frente al derrame, y asegurando que el tema estaría superado para “finales de febrero o primeros días de marzo, como mucho”.

Las declaraciones fueron calificadas como subjetivas y preocupantes por una fuente del sector petrolero que quiso mantener el anonimato.

“Si el gobierno español piensa así, significa un espaldarazo. Repsol no va a retirarse porque sabe que tiene el aval de su gobierno y porque su póliza de US$ 275 millones le servirá para afrontar cualquier multa. Además, es muy probable que judicialice esa sanción, como hizo con un caso parecido en el 2013”, indicó la fuente.

Esta aparente seguridad no esconde, sin embargo, el daño que ha encajado la compañía.

LOS GRIFOS DE REPSOL
Beatriz de la Vega, líder de energía y recursos naturales de KPMG, tiene claro que Repsol sufrirá un fuerte golpe reputacional y financiero, pero también un impacto social, que se hará sentir en toda su cadena de valor, la cual es más extensa de lo que el público se imagina.

Y es que la española no sólo opera la mayor refinería de crudo del Perú (La Pampilla) sino también la segunda cadena de grifos más numerosa, además de participar en tres lotes de gas natural en Camisea: 56 y 88 (con el 10%) y 57 (con el 54%).

“Esto ocasionará, definitivamente, un problema social por la cantidad de personas que trabajan en este circuito”, apunta De La Vega.

Ejemplo de ello es lo que viene aconteciendo en varias regiones del sur del país, donde varios operadores de estaciones de servicios adscritos a Repsol, se ha visto obligados a ‘cubrir’ el logo de esta empresa para poder vender sus productos, precisa la experta

Esto quiere decir, explica Renato Lazo, director gerente de Energía ConTacto, que el problema generado por el derrame de petróleo “se está trasladando a los grifos de la petrolera española”, muchos de los cuales son propiedad de pequeños microempresarios que alquilan la marca y sufren ahora una reducción en sus ventas.

Añade que la situación se complica porque este y el próximo año habrá muchos contratos de abanderamiento que vencen y deben renovarse.

“La pregunta es: ¿Estos microempresarios van a querer negociar con Repsol? Probablemente no”, apunta.

LOS LOTES DE CAMISEA
Más grave aún, todo esto ocurre en un contexto adverso para la petrolera española como consecuencia de la política comercial agresiva de Petro-Perú, que ha transformado el mercado de combustibles, volviéndolo “más complicado y competitivo”, agrega Lazo.

Por estas razones, el especialista considera que Repsol podría evaluar vender su negocio de comercialización y refino (downstream).

Álvaro Ríos, socio director de la consultora Gas Energy, ve el problema de forma un poco distinta.

En su opinión, es muy difícil que la petrolera española abandone el país o se retire de cualquiera de sus negocios, debido a que se encuentra “muy consolidada en el Perú” y a que los buenos precios del crudo y derivados le “permiten paliar la crisis ambiental con algo más de solvencia”.

“Lo que tenemos que ver es la película completa, y esta cuenta que las empresas de hidrocarburos están fortalecidas por los precios que andan por las nubes. Y ese es el caso de Repsol”, señala.

No obstante, advierte que la española corre el riesgo de que el Estado aproveche esta coyuntura para fortalecer a Petro-Perú a costa suya, lo cual sería contraproducente debido a los escándalos con ribetes de corrupción en los que estatal se encuentra involucrada últimamente.

Finalmente, los especialistas consultados para este informe están de acuerdo en señalar que Repsol no tendría el menor interés en abandonar sus lotes de gas en Camisea.

Ello, debido a los buenos precios de este hidrocarburo y a la decisión gubernamental de relanzar el gasoducto surperuano, refiere Aurelio Ochoa, ex presidente de Perú-Petro.

“Esto abre perspectivas para que el gas se puede comercializar y subir de valor. Y en el caso de La Pampillla, Repsol tiene un duopolio junto con Petro-Perú. No obrarían racionalmente si abandonan”, anota el geólogo.

A modo de epílogo, Beatriz De la Vega advierte que el accidente en La Pampilla puede y debe servir de parteaguas para que el gobierno refuerza la supervisión y fiscalización en el sector hidrocarburos.

Un ejemplo es lo que sucedió con el desastre petrolero causado por BP en el Golfo de México en el 2010, el cual sirvió para “acrecentar la regulación en Gran Bretaña y Europa”.