El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) a través de una declaración pública, entrega su visión basándose en que la minería debe contribuir con el desarrollo social, económico y cultural del país. 

El 13 enero del presente año la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional envió al Pleno una iniciativa de norma que en, líneas gruesas, planteaba la nacionalización de las empresas de la “minería del cobre, lítio y otros bienes estratégicos para el buen vivir”, donde indicaba que: “El Estado tomará posesión inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el Presidente de Chile, quien tendrá como plazo máximo de un año desde la promulgación de la nueva constitución para implementar dicha disposición”.

El Pleno de la Convención finalmente, en su votación particular sobre esta iniciativa, solo aprobó un inciso de los 40 artículos recibidos.

Por otro lado, el reciente 5 de marzo esta misma Comisión rechazó la Iniciativa de Norma Popular promovida por la red Compromiso Minero y que contó con el respaldo de 24.205 firmas (la IPN que contó con más apoyo ciudadano de todas aquellas presentadas sobre minería). Esta abogaba “por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático”.

Dada la importancia del tema para el desarrollo del país, del Estado de Chile y de las regiones mineras, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) ha decidido analizar el tema en profundidad, de manera informada y equilibrada con los intereses de los actores antes indicados, entendiendo que la minería debe contribuir con el desarrollo social, económico y cultural del país.

En primer lugar, debemos destacar que el IIMCh, con sus 91 años de vida, es una organización de tipo profesional, compuesta por profesionales individuales que voluntariamente se afilian para impulsar una mayor y mejor minería para el beneficio del país. Por tanto, debemos destacar que no somos una organización gremial que defiende intereses de algún sector económico,social o sindical.

Como organización y como profesionales, en el pasado hemos sido partícipes de proyectos y normativas que han gobernado la minería. Siempre apoyamos las políticas de desarrollo minero que se plantearon.

En especial, dentro de las décadas del 60 al 80, en que se inició el desarrollo de ENAMI, la creación del Centro de Investigaciones Minero Metalúrgicas (CIMM), siguiendo con la chilenización y la nacionalización del cobre, la que concluyó con la creación y posterior crecimiento de CODELCO. Todos ellos bajo muy diferentes esquemas de gobiernos del país, en un mundo cada vez más conectado.

Creemos que todas estas iniciativas tuvieron un impacto positivo, ENAMI desarrolló una mediana minería pujante y rentable hasta hoy, así como también ha apoyado permanentemente a la pequeña minería. CODELCO se afianzó, expandiendo todas sus divisiones y creando varias más, multiplicando por varias veces la producción de las administraciones extranjeras previas.

Posteriormente, las modificaciones legales de carácter constitucional permitieron el retorno de la inversión extranjera en minería. Ello se materializó fuertemente en la décadas del90, permitiendo que el país pasara desde aportar poco más de un 10% de la producción mundial de cobre a inicios de los 80, hasta un 35% de la producción el 2005.

Los profesionales mineros y el IIMCh también apoyamos el desarrollo minero privado, que creció paulatinamente hasta permitir posicionarnos como los principales productores de cobre del mundo, aportando casi 3 veces lo que la minería estatal produce.

El IIMCh siempre ha celebrado la existencia de una triada virtuosa entre la minería estatal, que da recursos económicos para el Estado, la minería privada que, a través de recursos económicos externos, ha dado riquezas al país (y sus accionistas) y una pujante mediana minería, más insertada en la comunidad chilena, que da trabajo de calidad a una parte importante de la población en aquellas zonas mineras del país.

La gran minería privada transnacional se encontró, desde fines de los años 80, con un país muy abierto, con mega-yacimientos de alta ley, que les entregaba concesiones amparadas en leyes de rango constitucional, que permitía su desarrollo, con reglas de tributación estables y sin ninguna restricción para exportar concentrados.

Si bien en los ciclos económicos de altos precios la gestión minera privada, se puede ver como altamente rentable para sus accionistas, no debe perderse de vista que del valor generado en cada período, más del 60% queda en el país, ya sea como remuneraciones, reinversiones para la mantención de la capacidad productiva, pago de distintos tipos de servicio y en el pago de impuestos.

En general, la administración, planificación y operación de las empresas extranjeras que operan hoy en Chile es realizada por profesionales chilenos de reconocida capacidad; condición que asegura la explotación razonable de nuestros recursos minerales y vela por el cabal cumplimiento de las normativas medioambientales, además de otorgar bienestar socio-económico a miles y miles de personas que dependen de esta actividad; generando enclavamientos productivos aguas arriba como pocas industrias en el país pueden mostrar. Es así como de un aporte al producto interno bruto del país del orden de un 10%, en realidad la minería contribuye con un 20%, mientras que en las zonas mineras, este valor llega a más de un 75%.

Pero las condiciones económicas, sociales y políticas siempre cambian en el tiempo. Por ello, es razonable analizar: ¿cuál es la situación minera de hoy?.

CODELCO actualmente no tiene fondos para hacer inversiones mayores que permitan aumentar su producción, ya sea con nuevos yacimientos y/o expandiendo los existentes, ello a pesar que los recursos y reservas mineros detectados en sus pertenencias, permitirían más de 100 años de explotación y tratamiento al ritmo actual; lo que tiene relación con el tamaño alcanzado por CODELCO, como el productor más grande del mundo – lo que si bien puede ser visto como una ventaja, genera complejidades administrativas que dificultan su crecimiento.

La minería privada ha sido eficiente y rentable, lo que no quita que pueda hacer un mayor aporte al país, en particular cuando los ciclos de precios son altos, tal como lo han indicado profesionales expertos en minería, economía y aspectos regulatorios. Asimismo, lamentamos que ante la eventualidad de cambios en las reglas del juego, inmediatamente se suspendieron las grandes inversiones y planes de expansión de las principales empresas existentes en el país.

La ciudadanía, que fue el apoyo relevante para la nacionalización en los años 70, en el transcurso del tiempo, mayoritariamente ha cambiado su visión, creyendo que la minería actual es contaminante, extractivista, creadora de zonas de sacrificio y no innova. Sin embargo, esto está lejos de la realidad. La complejidad de la industria minera, hacen que ésta sea una de las que más innovación tecnológica y conocimiento técnico aplicado desarrolla y, con ello, aporta al conocimiento que necesita el país, lo que debe ser aún más fomentado.

La minería ha entendido que las prácticas, eficientes en el pasado, pero no aceptables en el mundo de hoy, son mejorables y, que muchos de los desafíos no resueltos en el pasado; como aquellos temas ambientales, han sido controlados, reducidos o eliminados, siendo la minería una de las industrias con más altos estándares en Chile.

Por otro lado, todos los gobiernos han reconocido la importancia de la minería para las finanzas públicas, tanto por los excedentes de la minería estatal, como los impuestos directos de la minería privada. Es así como el Fisco cuenta con el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) destinado a mejorar las pensiones básicas y aportes previsionales solidarios de vejez e invalidez y el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), destinado a financiar déficit fiscal en periodos de crisis como el que nos toca vivir por la pandemia. Estos fondos están asociados indirecta y directamente a los recursos generados por la minería.

Asimismo, también se debe reconocer que la minería también fortalece la economía en forma indirecta por la generación de empleos de calidad en la construcción y en la operación de las obras mineras, con efecto multiplicador fuera de la industria minera (proveedores/servicios), lo que explica de manera especial el crecimiento de la economía durante 1990 al 2010.

Finalmente, cabe recordar que la Nacionalización del Cobre en 1971 no fue gratis para Chile: además de sufrir un bloqueo internacional para la compra de repuestos y suministros, el Estado chileno debió finalmente pagar una importante indemnización a las empresas nacionalizadas, lo que sin lugar a dudas ocurriría ante una expropiación como la que se propone, dilapidando los escasos recursos con que Chile cuenta y sin poder satisfacer las necesidades sociales de nuestros compatriotas.

Los profesionales de la minería hemos trabajado duramente, tanto en la minería privada como en la minería estatal o en las empresas proveedoras y de servicios, para mantener la minería chilena en un alto nivel de desempeño y con un desarrollo tecnológico permanente. Hoy la minería chilena tiene una posición tecnológica de punta en el mundo.

En consideración a todo el análisis anterior, el IIMCh ha definido declarar la siguiente posición institucional en relación con la iniciativa popular de renacionalización de la minería:

+ La minería chilena, tanto estatal como privada, ha sido el motor económico de Chile en los últimos 80 años;

+ La minería puede y debe seguir creciendo, mejorando constantemente sus estándares ambientales y de relaciones con las comunidades;

+ En este siglo, CODELCO ha demostrado que a duras penas puede mantener su producción por restricciones de capital, exceso de deudas financieras y con controles excesivos para una empresa minera dinámica, como son los que la Contraloría ejerce respecto de ella (la considera como una organización estatal y no de derecho privado);

+ CODELCO difícilmente podría manejar eficientemente una industria cuatro veces superior a su producción actual y, como consecuencia de esto, Chile no podría soportar un colapso de la principal fuente de divisas, que es el mayor puntal de desarrollo de la economía;

+ Chile no tiene fondos para indemnizar, según los acuerdos vigentes, la nacionalización de las grandes empresas privadas. Una nacionalización sin pagos adecuados afectaría fuertemente la inversión extranjera en Chile. Basta recordar la situación crítica de principios de los 70.

+ Si toda la minería fuera estatal, y su administración fuera similar a la de CODELCO, la producción decaería inevitablemente, porque ningún Gobierno estaría dispuesto a destinar los más de US$ 400 millones anuales que se requieren en exploraciones o los miles de millones de dólares requeridos para mantener las capacidades productivas actuales.

+ La triada de minería estatal fuerte, minería privada pujante y mediana minería activa debe mantenerse, pero eliminando las restricciones que afectan sus desarrollos; tal como lo ha planteado en IIMCh en este último tiempo.

+ Las regiones mineras no disponen de alternativas que permitan reemplazar en el corto, mediano y largo plazo, la fuente de recursos o factores de desarrollo originados por la actividad minera; tal como nos mostró la minería del salitre en el norte y el petróleo y gas en Magallanes.

En resumen, los profesionales de la minería consideramos que la iniciativa aludida no tiene soporte lógico ni es una solución efectiva para los problemas financieros de la Nación; más aún, generarán un retroceso y el inicio de un deterioro económico, partiendo por aquellas comunas del norte del país.

Sin desmedro de lo anterior, los profesionales mineros también pensamos que la minería privada tiene espacios para tributar más. Por otro lado, el Gobierno tiene la opción de dictar leyes que restrinjan el acaparamiento de propiedades mineras y finalmente, nada le impide analizar y discutir leyes de estanco que empujen a todas las empresas mineras, tanto públicas como privadas, a generar más enclavamientos productivos, que permitan un mayor desarrollo de nuestra riqueza minera, sin los riesgos y conflictos asociados a un quiebre esencial de las regulaciones.

Asimismo, los profesionales mineros creemos que CODELCO puede volver a crecer, si tiene un gobierno corporativo más autónomo en su gestión y el Estado permite que reinvierta una parte importante de sus excedentes.

En especial, los profesionales mineros que apoyamos la Nacionalización de los años 70 y hemos participado en el desarrollo de la minería privada de las últimas décadas, ratificamos que el status que una minería estatal fuerte y una minería privada pujante, pero más comprometida con el desarrollo nacional, es la mejor opción para el país y que una política de renacionalización hoy día, no es consistente ni necesaria para el desarrollo de nuestra nación, en un mundo cada vez más conectado.

En conclusión, consideramos que la iniciativa popular de renacionalización de la minería es una propuesta inadecuada para los intereses de nuestra nación.

SERGIO HERNÁNDEZ (APRIMIN): NACIONALIZACIÓN REDUCIRÍA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Elperiodista.cl

“Para entender a cabalidad las profundas diferencias entre lo que fue el proceso de nacionalización del cobre de 1971, y los pasos que en esta dirección sigue dando la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, es necesario situarse en el contexto histórico, siempre determinante para comentar la toma de decisiones soberanas por los Estados”, afirma Sergio Hernández, director ejecutivo de APRIMIN.

El ejecutivo recuerda que antes de los años ‘70, existía la gran minería chilena del cobre exclusivamente de capitales extranjeros. En esa época -añade- había en el comercio mundial condiciones muy desfavorables para los países exportadores de recursos naturales y muy favorables para los países industrializados, fenómeno que se llamó “Deterioro de los Términos del Intercambio: los países dominantes imponían sus normas y decisiones en forma casi unilateral”, puntualiza.

Hernández remarca que precisamente un ejemplo de esto fue lo que ocurrió con el cobre chileno, en que sus inversionistas -las mineras norteamericanas- dominaban los mercados, con exportaciones a precios menores y otras transferencias, para apoyar el financiamiento de las guerras de Vietnam y Corea; así como ‘la civilización occidental’, en el contexto de la Guerra Fría. A ello, se suman menores fiscalizaciones, con deficientes auditorías internacionales, con los Servicios de Aduana y de Impuestos Internos sin capacidad real.

“Esta realidad -sostiene- justificó la decisión unánime parlamentaria de nacionalizar el cobre en 1971. Sin duda esta decisión fue, en ese contexto, muy beneficiosa para el país, lo que posteriormente desembocó en la formación de CODELCO en 1976, que reunió en esa naciente empresa estatal a los yacimientos nacionalizados, hasta el día de hoy; actualmente con una explotación mayor aún, dada la puesta en marcha en estos últimos 30 años de otros yacimientos de reposición y ampliación”. El director ejecutivo de APRIMIN agrega que la nacionalización fue concebida en esos tiempos como la ‘Independencia económica de Chile’, aportando hasta ahora importantes ingresos para el país.

- Considerando ese contexto ¿Cuáles son las diferencias que ve entre ese hito en la historia económica del país, y lo que actualmente está planteando la Comisión de Medio de Ambiente de la Convención, con sus resoluciones?

- La realidad de hoy en un Mundo Global es muy distinta: seguimos necesitando nuevas tecnologías y capitales extranjeros por miles de millones de dólares que Chile no tiene, ni en lo público ni en lo privado. Pero además, hoy existen normas de la OMC (Organización Mundial de Comercio); auditorías internacionales que dan transparencia a los resultados de las compañías y a su base tributable; transacciones en Bolsas transparentes; un Servicio de Impuestos Internos con mejor capacidad fiscalizadora y con convenios de apoyo recíproco con otros organismos similares en los países de destino de nuestras exportaciones; un Servicio de Aduanas con aforos físicos a las exportaciones; precios de transferencia; una COCHILCO revisando el 100% de los documentos de exportación del cobre y sus subproductos, todo lo cual construye una realidad distinta a aquella de hace 50 años.

Una nacionalización en estos tiempos sería un suicidio para el desarrollo humano del país, perjudicando la confianza en Chile para atraer inversiones en minería, hidrógeno verde, obras públicas, energías renovables y otros sectores.

El Mundo hoy es Global, no por decisiones políticas, sino por la fuerza de las comunicaciones y el desarrollo tecnológico, lo que hace esta realidad irreversible. Los países que se refugian en proteccionismos o nacionalizaciones propias de otros tiempos, están seriamente afectados en su desarrollo y condenados al aumento de la pobreza, al no acceder a las confianzas que exigen los mercados internacionales, con escasas posibilidades de aprovechar la demanda de casi 8.000 millones de habitantes en el planeta.

Chile ha sido exitoso en 30 años de apertura al mundo y la minería ha llevado el liderato de las causas de esta positiva consecuencia. El cobre en Chile es explotado hoy de manera mixta en la propiedad de las compañías mineras, lo que constituye un modelo económico de desarrollo minero virtuoso. En efecto, que exista Codelco estatal, gran y mediana  minería privada nacional y extranjera y pequeña minería nacional, es un modelo probadamente virtuoso, en que uno de ellos que se debilite afectará a la trilogía completa; por tanto, al país y a la fortaleza geopolítica del norte de Chile.

PELIGROS DE LA EXPROPIACIÓN
- La comisión de Medio Ambiente no solo rechazó la iniciativa que  presentaron junto con Compromiso Minero, también aprobó nuevas propuestas de nacionalización, reafirmando esta postura ¿Qué impresión le deja esto?

- Respecto del rechazo de la propuesta de Compromiso Minero, de las normas constitucionales de la minería, era de esperar, por la historia de lo que se está resolviendo en esa Comisión. No olvidemos que las propuestas de esa Comisión que fueron presentadas al pleno anteriormente, fueron prácticamente todas rechazadas. Se ve en la Comisión un espíritu refundacional muy profundo, con -a mi juicio- inclinaciones muy extremas. Sin embargo, yo quiero destacar que cuando aprobaron las propuestas de nacionalización del cobre y renacionalización del cobre -muy parecidas-, las aprobaron solo por mayoría:  10 votos a favor en ambas, 5 en contra y 4 abstenciones, por lo tanto, en la propia Comisión no han conseguido los 2/3. Esto anticipa que en el pleno debieran ser rechazadas, lo que nos da tranquilidad.

Creo que hay un desconocimiento profundo con respecto a cómo opera la minería, con cómo es el mundo global hoy en día, en el que necesitamos efectivamente capitales de toda naturaleza, de todo origen, para incrementar la producción minera. Y así aprovechar las ventajas que nos dan los mercados globales hoy y a futuro, con la transformación energética, que ocupa mucho mineral; un futuro promisorio para Chile, que podemos desperdiciar con estas iniciativas. No olvidemos que Chile como país, ni en lo privado ni en lo público tiene los capitales suficientes para invertir en minería; son miles de millones de dólares. Tenemos que privilegiar la agenda social.

Por lo tanto, en mi opinión, esto es fruto del desconocimiento profundo que algunos convencionales tienen sobre los mercados globales, y sobre cómo opera la minería, y de los capitales que necesita.

- ¿Es correcto hablar de nacionalización, considerando que constitucionalmente los minerales ya pertenecen al Estado de Chile, o es más bien una expropiación? Incluso no está claro que se considere pagar indemnizaciones.

- Es una expropiación, absolutamente. Los términos ‘nacionalización’ y ‘estatización’ son erróneamente usados por algunos convencionales, por las razones que la pregunta señala: las minas pertenecen al Estado y, como sin minerales no hay mina, estos obviamente también pertenecen al Estado, apropiándose el concesionario de explotación de los minerales solo al extraerlos. Por esta razón, entiendo que algunos convencionales lo que proponen es nacionalizar las ‘empresas’ mineras, argumentando que los recursos minerales son de Chile.

Esto evidentemente es un contrasentido, ya que no se puede argumentar que se expropia la minería ‘porque es nuestra’, ya que las empresas privadas mineras se formaron con capitales privados, sus activos fijos no le corresponden al Estado de Chile.

Lo peligroso, además, es que algunos sostienen que nada se pagará por estas eventuales expropiaciones, porque ‘las mineras se han llevado más de lo justo’; y otros, que un eventual valor de expropiación lo fijará el Contralor General de la República, o sea, un juez tasador de una de las partes.

- ¿Cuáles vislumbra que serían los riesgos para Chile, de concretarse un proceso de nacionalización bajo tales condiciones?

- Si ello ocurre, seguro nos llegarán demandas internacionales de las empresas de muchos países que han invertido en la minería chilena, con daños colaterales en las relaciones diplomáticas, financieras y económicas para Chile en todas las áreas de la economía, principalmente perjudicando nuestras exportaciones de vino, celulosa, fruticultura, agricultura, productos del mar, y tantos otros. Esto porque en el comercio internacional existe la reciprocidad.

Agrego que hay un riesgo enorme si Chile se ve enfrentado a demandas internacionales para reclamar un valor distinto al que pueda fijarse unilateralmente por Chile (esto ya ocurrió en la nacionalización de 1971); pues pueden argumentar que la forma de determinar el valor de las expropiaciones mineras está hoy establecida en la ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, y que sería aplicable porque es la norma de rango constitucional vigente al momento de realizarse las inversiones mineras en Chile.

No hay que olvidar, también, que la gran mayoría de estas inversiones realizadas por inversionistas de muchos países, están protegidas por Tratados de Libre Comercio vigentes; tratados que la Reforma Constitucional -que le dio origen a la Convención Constitucional- establece como ‘intocables’.  No pueden los convencionales negar valor a una norma de la propia reforma constitucional que les dio origen, sin cuestionar su propia legitimidad.

- De aprobarse y materializarse ¿Cómo podría afectar el futuro de la industria minera en Chile?

- Si son aprobadas las expropiaciones de empresas mineras -lo que espero y creo no ocurrirá en el Pleno de la Convención-, sin duda que, desde ese mismo momento, no cerrarán las operaciones que están produciendo, pero sí se paralizarían las inversiones mineras privadas. Esto es obvio: nadie invierte en nada si sabe que se lo van a expropiar. Incluso hoy, ante la sola duda sobre si esa propuesta finalmente puede prosperar, ya hay inversiones mineras paralizadas, perdiéndose miles de empleos que estaban proyectados o, en el mejor de los casos, postergándose esas inversiones.

Junto con ello, en otros sectores de la economía se advierte el riesgo que pueda haber otras expropiaciones y/o que Chile ralentice su economía a nivel de dejar de ser atractivo, con lo cual caerían inversiones y empleos en obras públicas, energía, banca, en el prometedor hidrógeno verde, por mencionar algunos ámbitos, con graves efectos futuros en la recaudación tributaria y haciendo imposible cumplir con la justa Agenda Social.

- ¿Cree que el Estado sea capaz de administrar toda la industria minera del país y mantener los actuales niveles de producción?

- Ni el Estado ni los privados chilenos tenemos los recursos necesarios para realizar esas inversiones multimillonarias en dólares.

Necesitamos los capitales de países que tienen inversiones mineras en Chile, como Japón, China, Canadá, EEUU, Australia y Europa. Además, esos mercados son los mismos -junto con otros- a los que exportamos vino, frutas, productos del mar, celulosa y muchos más. No pongamos en riesgo estas exportaciones que ayudan a la diversificación exportadora de Chile, amenazando sus inversiones mineras. El mundo hoy es irreversiblemente global.

- ¿Una industria minera totalmente en manos del Estado le permitiría a este obtener mayores recursos?

- La eventual recaudación fiscal derivada de las expropiaciones dependerá de descontar de las inseguras utilidades para el Estado que pueden generar las eventuales empresas nacionalizadas (la minería es un negocio riesgoso) el pago de las indemnizaciones a los actuales dueños de las mineras, cuyo valor seguramente fijarán tribunales internacionales (que enorme riesgo); y también descontar los flujos  que el Estado, como eventual posible dueño futuro de toda la minería, deberá invertir para continuar y aumentar la producción minera.

Por lo tanto, en mi opinión, solo se mejora la recaudación para el Estado asegurando que privados -y no el Estado, que no tiene estos gigantescos recursos- sigan invirtiendo, recaudando impuestos y un royalty sobre utilidades algo mejor que los actuales, ante escenarios de buenos precios.

Siempre será mejor que privados inviertan en negocios riesgosos, recaudando el Fisco 35 a 42% por la vía tributaria, y sin invertir un peso; a que sea  el  Estado el que deba invertir todos los miles de millones de dólares que requieren decenas de proyectos mineros, para recaudar solo la diferencia de utilidades que se pueden o no producir.

Más aún, si se trata de proyectos nuevos o de ampliación de las actuales explotaciones, los primeros retornos para el Estado no llegarían antes de cinco, seis, ocho o diez años. Por lo tanto, el Fisco no puede responsablemente invertir en minería, si requiere con urgencia financiar las obvias y justas necesidades sociales. Un ejemplo: al Fisco le costó varios años capitalizar solo 3.000 millones de dólares en Codelco; ¿cuánto le costaría financiar la cartera de US$ 68.000 millones en minería?, que es lo que contempla Cochilco para diez años. Nunca podrá hacerlo.

ROL DE LOS PRIVADOS E IMPACTO PARA LOS PROVEEDORES
- ¿Pero no podría haber espacio para inversiones privadas en ese modelo?

- La respuesta es simple: ¡Ninguno! Porque con la actual propuesta aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, toda la minería -de cobre, litio, oro, plata, molibdeno, hierro, nitratos- pasaría a manos del Estado.

- Ese sería el escenario para las compañías mineras, pero el ecosistema minero es mucho más amplio. Desde su perspectiva y como director ejecutivo de Aprimin ¿Cómo se verían perjudicados el resto de los actores; todos los encadenamientos productivos?

- Al estar claro que el Estado no tiene la capacidad de inversión de los privados, especialmente extranjeros, sin duda que los proveedores mineros se verían afectados fuertemente en su desarrollo; incluso con riesgo de cierre especialmente de los más pequeños, con pérdida de miles de empleos, y también provocará  una fuerte postergación de la inclusión de la mujer en la minería, que actualmente avanza a grandes pasos.

El encadenamiento productivo retrocedería, perjudicando lo que todos deseamos aumentar en Chile: la innovación, la especialización y la diversificación productiva.

- A la luz de todos estos antecedentes ¿Qué llamado haría a los convencionales, ahora que ya ha empezado a actuar el Pleno, y se están tomando las decisiones definitivas que darán forma a la nueva Carta Magna?

- Además de mantener la propiedad del Estado sobre las minas y su concesión judicial a terceros, con amparo por patentes mineras de montos crecientes ante la no explotación, estimo importante que la nueva Constitución asegure que la minería se desarrolle previa participación de la comunidad local para los nuevos proyectos, y con los más altos estándares ambientales, pero solo calificados por organismos estrictamente técnicos, quienes deben tener la palabra final sobre la viabilidad de cada proyecto, sin intervención de organismo político alguno. Estos son elementos nuevos que no existen en la actual Constitución, pero que los tiempos modernos naturalmente exigen.

Solo en las condiciones que he estimado responder, Chile tendrá los recursos que necesita para su justa Agenda Social.