LILIANA FRANCO

Mañana jueves (21/4), el presidente Alberto Fernández participará en un acto en Vaca Muerta organizado por la empresa YPF y que contará con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez, quién estará acompañado por el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

Mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra en Washington en la reunión del FMI, los funcionarios de Energía dispondrán de tiempo para explicarle al presidente cuál es su visión del incremento tarifario que deberá aplicarse a partir de junio.

Si bien se publicó en el Boletín Oficial el llamado a audiencias públicas para los días 10, 11 y 12 de mayo, lo que se interpretó como una victoria de Guzmán sobre el área “díscola” de Energía, lo cierto es que aún Economía debe resolverá algunas cuestiones no menores.

Una de ellas es que las asociaciones de consumidores solicitaron que la defensa de la propuesta de aumento tarifario en la audiencia pública la lleva a cabo el ministro de Economía y no, como suele ser habitual, el secretario de Energía.

Es que al secretario Martínez le será muy complicado defender la propuesta de incremento tarifario que propuso Guzmán, toda vez que el subsecretario Basualdo elaboró un informe técnico donde explica las causas por las cuales se torna complicada su aplicación.

Cabe recordar, como anticipo Infobae, el martes pasado la subsecretaría de Energía Eléctrica remitió a la secretaría de Energía la Nota (NO-2022-32861807) con el objetivo de cumplir con la instrucción de elaborar un informe técnico “a fin de fundamentar la propuesta de adecuación del Precio Estacional (PEST) de la energía eléctrica a partir del 1° de junio de 2022″.

El informe de 24 páginas analiza los impactos de la aplicación de esas medidas y asevera que no es posible de aplicar técnicamente el incremento tarifario propuesto, que tendría oposición jurídica por no ser gradual, que atentaría contra el objetivo de sostener el crecimiento económico y aceleraría la inflación.

EN LO SUSTANCIAL, SOSTIENE:
+ Las políticas que se deberán aplicar al segmento residencial con quita total de subsidios no contemplan el principio de gradualidad establecido en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

+ Para el conjunto de los usuarios residenciales que se le deberá aplicar el tope del CVS (Coeficiente de Variación Salarial) al 80%, sufrirán un impacto en facturas en el mes de junio acumulado del 65%, lo que podría derivar en situaciones complejas con su pago hacia el interior de este amplio segmento.

+ La aplicación de los incrementos propuestos tanto para el segmento comercial como el industrial, atenta contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando, y sería un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de sus costos.

+ El aumento del precio estacional anula la posibilidad de realizar nuevos aumentos sobre el margen de distribución de todas las jurisdicciones lo que redundará en un resquebrajamiento de la cadena de pagos del sistema mayorista.

+ En las provincias “se advierte claramente que hay un riesgo real de que la cadena de pagos de las distribuidoras se vuelva a deteriorar atento que será muy difícil que, por arriba de los coeficientes de aumentos, que las empresas tengan margen para continuar incrementando las tarifas con el objetivo de cubrir sus costos en el segmento de distribución”.

+ El documento sostiene que técnicamente es imposible aplicar la política de segmentación propuesta por Guzmán (quitar subsidios al 10% de los consumidores con mayor poder adquisitivo) porque no se sabe cómo se va a identificar dichos usuarios y qué organismo va a proveer la información de ingresos para que sea objetiva.

+ Advierte que “para el periodo invernal se registrarían aumentos de más del 400% a usuarios residenciales del AMBA”.

+ Para los grandes usuarios tendrían un impacto superior al 90% en el periodo invernal.

+ Concluye que el mecanismo de ajuste propuesto resulta contradictorio con los objetivos de crecimiento económico planteados en el acuerdo (FMI), y ejercerá una considerable presión sobre el resto de los precios de la economía.

COSTOS ENERGÉTICOS
De acuerdo al análisis de la subsecretaría de Energía Eléctrica, para 2022 se estima un incremento de los costos de generación del 38% explicado principalmente por el rubro combustibles, el cual podría llegar a aumentar más de 79% como consecuencia de la variación de los precios internacionales.

Esta situación, exógena al mercado eléctrico, determina un desafío para morigerar los impactos de la extrema volatilidad consecuente:

+ Por un lado, se espera un crecimiento de la demanda energética para este año del 2%, lo que supone un fuerte impacto para la generación y el sistema energético en su conjunto.

+ No se prevé una reversión importante de la situación hídrica que atraviesa la Argentina y los países limítrofes, por lo cual seguirá habiendo una participación notable de la generación térmica.

+ Hasta el momento no hay cantidades ni precios ciertos para determinar el gas de Bolivia en el invierno, ya que se encuentra prorrogado hasta el 30 de abril del corriente el envío de cantidades mínimas (7/8 MMm3/d). Se trata de una fuente vital para garantizar el abastecimiento de la demanda local, a precios más accesibles que los del GNL y Gasoil.

+ En relación al GNL, tampoco hay cantidades ni precios ciertos para el invierno, dado que hasta el momento sólo se han adjudicado 8 cargamentos sobre unas necesidades que supera los 65 barcos para el año entre ambas terminales (Bahía Blanca y Escobar).

USUARIOS NO RESIDENCIALES
La propuesta diferencia según el nivel de consumo.

+ Para los que demandan menos de 300 kW se procederá a una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.

+ Para los de más de 300 kW: quita total de subsidios.

PROBLEMAS
Uno de los mayores problemas relata el trabajo es que la quita de subsidios para el 10% de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago, según el memorándum de entendimiento con el FMI, deben ser identificados con “criterios objetivos”. Entre los inconvenientes destaca:

+ No se sabe cómo se va a identificar dichos usuarios y qué organismo va a proveer la información de ingresos para que sea “objetiva”.

+ No hay un mecanismo establecido aún para lograr el acceso a la información de la AFIP.

+ La base de usuarios de Servicios Públicos de todo el país se encuentra desactualizada, lo cual representa un obstáculo insalvable al programa acordado con el FMI.

+ Tampoco está definido si los ingresos van a ser por “usuario” o “grupo familiar”.

Basualdo concluye que “no se puede dar una respuesta a esta política sin tener definiciones para su implementación”. En tanto, con relación a los usuarios residenciales, se sostiene que “la referencia al tope del 80% del CVS resulta genérica”.

Explica que al ser competencia de cada provincia el establecimiento del Valor Agregado de Distribución, el impacto en la factura en muy diferente según qué categoría de consumo se identifique y a la vez que distribuidora se considere. Recuerda que el Estado Nacional solo tiene competencia para la determinación de las tarifas de Edenor y Edesur.

TARIFA SOCIAL
La propuesta de aplicar el 40% del CVS en las facturas con tarifa social “parece no considerar la reglamentación y financiación actual de la tarifa social”. El trabajo de la subsecretaria de Energía explica que desde el 2019 y por medio de la ley 27469 –Consenso Fiscal 2018 – se dispuso que cada jurisdicción defina la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales y se haga cargo de dichos subsidios.

En ese sentido, el Estado Nacional sanciona precios estacionales de energía para los usuarios residenciales de todo el país (sin definición de Tarifa Social) y cada jurisdicción aplica y financia una tarifa y un diferencial.

Y señala que “para lograr el objetivo del tope del 40% en las facturas, las provincias deberán afrontar los mayores costos necesarios para lograr la aplicación de la medida”. Concluye que “esta situación produciría, probablemente, tensiones presupuestarias en las provincias y demandará un nuevo acuerdo fiscal”.