Los diputados nacionales Rubén Manzi (Coalición Cívica) y Francisco Monti (UCR) adelantaron que se encuentran trabajando en una auditoría externa para determinar los riesgos del proyecto MARA en Andalgalá.
Según informaron, la idea de desarrollar este estudio tiene como objetivo ponerle fin al conflicto minero que se reactivó luego de los enfrentamientos entre ambientalistas y la policía que ocurrieron la semana pasada.
Según informaron desde las oficinas de los legisladores, la propuesta en la que están trabajando es para “tratar de establecer un diálogo entre los distintos sectores” con el objeto de “lograr un consenso que permita la convivencia pacífica”.
Concretamente, los diputados proponen que la auditoría sea “exenta de intereses económicos o políticos” y que realice un estudio científico cuyos métodos y resultados sean incontrastables para determinar con precisión cuáles son los riesgos -si es que existen- ambientales para continuar o desestimar el proyecto MARA.
Los legisladores expresaron su preocupación por el nuevo foco de conflicto que se desató días atrás cuando la policía desalojó un piquete que impedía el acceso de maquinaria al yacimiento de Agua Rica. Sin embargo y más allá del hecho puntual, analizaron que se trata de un hecho más en un conflicto que lleva más de 15 años.
“Nunca hubo un diálogo profundo y maduro para zanjar ese conflicto. Los distintos gobiernos no pudieron o no supieron gestionarlo”, consideró Manzi, quien advirtió que, como consecuencia de esa falencia, “la política minera de Catamarca es endeble; la gente no tiene la suficiente confianza en las garantías ambientales ni en la transparencia económica”.
En esta línea, Monti sostuvo que “nada se podrá hacer sin la participación de la comunidad”, y que “es urgente abordar caminos alternativos a los que ya fracasaron”.
Ante esta situación es que los diputados informaron que comenzaron a delinear una propuesta que será puesta a consideración, principalmente del pueblo de Andalgalá, pero también del Gobierno provincial y la llevarán ante el Congreso de la Nación.
“En la inteligencia de que la cuestión minera debe discutirse con todos los actores, los legisladores coinciden en que la población de Andalgalá no puede quedar a un lado de esta discusión, que es lo que ha ocurrido en las últimas tres décadas, y que es lo que ha llevado a la conflictividad que hoy se vive en el oeste ante el potencial minero”, señalaron.
Concretamente, Monti explicó: “Proponemos que se convoque a una consultoría externa con expertos que evalúen esta situación. Esta consultoría debe estar constituida por científicos que no presenten conflictos de intereses en esta situación”.
Para los legisladores “es necesario establecer esta instancia de apoyo técnico externo, basado en la idoneidad y la transparencia, que ayude a generar un diálogo más informado y menos polarizado que permita un camino alternativo que lleve a bajar la intensidad de los conflictos y que le dé un marco sólido de institucionalidad, transparencia y gobernabilidad de la actividad minera, principalmente en sus aspectos sociales y ambientales”.
“Al no haberse iniciado el proceso de evaluación de impacto ambiental, estamos a tiempo para pensar e implementar cambios importantes, que aseguren mayor capacidad técnica y mayor participación de la ciudadanía”, destacó Manzi, quien insiste en que en esta propuesta tiene que tener una amplia participación la población de Andalgalá.
“No será viable ninguna actividad minera si el clima dominante es de desconfianza”, añadió Monti, y ambos coinciden en la expectativa de que esta propuesta debería tener una aceptación generalizada.
“Hablamos que la producción minera debe ser una política de Estado y para ello es necesario que haya consensos apoyados en análisis incontrovertibles, transparentes y claros. Esto solamente podría ser rechazado por aquellos que actúen con rigidez basada en prejuicios, o por aquellos que estén pensando en sus propios intereses”, advirtió Manzi. “Estamos en un laberinto del que hay que salir por arriba”, concluyó.
Mario Hernández (MARA): Porqué hay conflictos
FERNANDO ORTÍZ/TIEMPO DE SAN JUAN
El representante de Yamana Gold, el sanjuanino Mario Hernández, dio su versión sobre los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía de Catamarca por una puja en el pueblo de Choya, localidad de Andalgalá, en busca de impedir el paso de camiones, maquinaria y combustible para el proyecto minero de exploración MARA.
MARA es el proyecto integrado Minera Agua Rica Alumbrera, es decir, une el yacimiento Agua Rica con la infraestructura de Alumbrera que extrajo minerales desde 1997 hasta 2019.
La idea es extraer cobre, molibdeno, oro y plata, y ser el yacimiento más grande del país, tres veces mayor que su predecesor Alumbrera. Posee reservas minerales probadas y probables de 11.800 millones de libras de cobre y 7,4 millones de onzas de oro contenidas en 1.100 millones de toneladas.
El paquete accionario del emprendimiento está repartido entre tres empresas. Es operada por la compañía canadiense Yamana Gold, con una participación del 56,25%, la suiza Glencore Xstrata, 25%, y la estadounidense Newmont, 18,75%. Las primeras dos operan en San Juan. Yamana explota Gualcamayo, en Jáchal. Mientras que Glencore, hace lo propio con Pachón, en Calingasta.
"La asamblea es violenta, en 2021, quemaron oficinas, camionetas, perdimos unos 200 millones de pesos en eso", contó, "había un empleado adentro de la oficina, tuvo una escena de nervios, por suerte logró trepar por el tanque de agua". También dijo que "los manifestantes obstaculizaron el ingreso de los bomberos y la Policía no reprimió".
De acuerdo al empresario sanjuanino, "después de eso, gran parte de la población que estaba con El Algarrobo dejó de participar en las marchas, perdieron entre 100 y 200 manifestantes". "La gente empezó a cambiar", destacó.
En contraposición al grupo anti minero, en Andalgalá, las empresas festejaron el Día de la Minería y asistieron unas 1.500 personas. "Eso es parte del laburo comunitario, hay paz social en Angalgalá", enfatizó.
