SEBASTIÁN CATALANO

Se acortan los tiempos para la muy extensa demanda en los tribunales de Nueva York por la expropiación que hizo el Estado nacional de YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

El 23 de junio próximo se presentarán los últimos informes y la jueza Loretta Preska, del tribunal de primera instancia del Distrito Sur de Manhattan, podría fallar al día siguiente. O convocar una nueva audiencia, o rechazar los pedidos de ambas partes y ordenar que se haga el juicio: aunque parezca mentira, este proceso, que comenzó hace siete años, está en etapa prejudicial.

Burford Capital, un bufete de acción global que cotiza en la bolsa de Londres, al que muchos compararon por su accionar como un “fondo buitre”, compró el derecho a litigar contra YPF y el estado argentino a dos ex accionistas privado de la petrolera –Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina– que en su momento argumentaron que YPF debió hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios y no sólo “arreglar” con el socio mayoritario al momento de la expropiación, la española Repsol. Ese es el eje central de la causa.

El 60% de toda la información de la demanda es confidencial, no se conoce: en esos folios hay declaraciones de ex ejecutivos de la petrolera, ex accionistas, de los demandantes, síndicos y otros protagonistas. ¿Puede haber sorpresas surgidas de ese material? Claro, la que tiene el escenario completo de la situación es Preska, quien además es una profunda conocedora de la demanda desde el minuto cero.

¿Qué se sabe hasta el momento? No poco: el otro 40%. Y uno de los que mejor lo interpretan y más al tanto están del día a día de las presentaciones y el avance del proceso judicial es Sebastián Maril, experto en deuda corporativa y soberana y CEO de Latam Advisors.

Maril acaba de publicar un paper titulado “Argentina’s Hail Mary Play”. Desde el título evoca lo complicado del caso para el país, ya que apela a una jugada de fútbol americano que podría resumirse como un tiro largo milagroso, la jugada del rezo (”Ave María”) que puede salvar el partido.

El especialista resume el contexto de la siguiente manera: “Anticipamos un fallo histórico que sentará un precedente para cualquier nación soberana que considere expropiar un empresa que cotiza en NYSE y busca acceso a los mercados de capitales de EE.UU.”.

Maril siempre recuerda que el caso que tiene cuatro fallos adversos de diferentes cortes estadounidenses y ni una sola victoria importante para Argentina. Hasta la Corte suprema de EE.UU. rechazó analizar el caso en 2019 y lo mandó nuevamente al estrado de Preska, que fallará usando la ley local y no la estadounidense, a la hora de analizar el estatuto de la empresa para determinar si lo obrado por el Estado local estuvo o fue incorrecto y perjudicial para algunos inversores minoritarios. Desde el año pasado, los demandantes y los defendidos presentan y responden periódicamente argumentos: esas presentaciones terminarán en junio.

Fuentes oficiales, en tanto, destacan que tras el pedido de fallo sumario y los posteriores escritos de oposición y réplica (con fecha límite del 23 de junio), la jueza Preska no estará sujeta a ningún plazo para emitir su fallo. “Primero, debe resolver si Argentina e YPF son responsables de aquello por lo que se los demanda. La cuantificación de los supuestos daños se trataría en una etapa posterior del proceso y sólo si la Corte decide que Argentina e YPF son efectivamente responsables. Por último, la sentencia, en el momento que ocurra, puede ser apelada a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito”, explicaron.

Tanto el gobierno argentino, representado en este caso por la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, como la petrolera creen que los reclamos de los demandantes no deberían prosperar, entre otras razones, “porque es un principio indiscutible de nuestro ordenamiento jurídico que las normas de derecho público, especialmente si son de orden público, prevalecen sobre las disposiciones de un acuerdo privado como el estatuto”.

VALUACIÓN
En medio de los procedimientos técnicos y presentaciones de las partes, y aún con la mayoría del material procesal que no se conoce y que tiene el sello de “secreto” en su carátula, resta definir cuánto podría costar el juicio.

¿Podría haber un arreglo entre las partes, siempre bajo la supervisión de Preska? Sí, aunque el timing parece jugar en contra para Argentina en ese punto porque un acuerdo extrajudicial de este tipo tendría que pasar por el Congreso.

“De acuerdo a los estatutos de YPF, Argentina debería haber lanzado una oferta pública por Petersen y acciones de Eton en YPF cuando retomó el control de la empresa en 2012. El estatuto de la compañía (Artículo 7, Punto F, Sección G), muestra una fórmula para el cálculo del precio que Argentina debió haber pagado por esas acciones. La fórmula toma ganancias y precios de cotización históricos. Específicamente, calcula el valor de las acciones tomando la relación más alta durante los dos años anteriores a la expropiación y multiplicándola por las utilidades de los últimos doce meses”, detalló Maril en su informe.

Según un cálculo que hicieron los demandantes, usando el estatuto de YPF y calculando diferentes escenarios de intereses luego de siete años de juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre US$ 8.500 millones y hasta unos US$ 20.000 millones.

“Está claro que el gobierno de Argentina debería haber lanzado una oferta pública por todas las acciones no incluidas en la expropiación y, al no hacerlo, dio a las empresas Petersen y a Eton Park Capital razones suficientes para presentar una demanda en busca de una indemnización. Pero Argentina ha presentado sólidos argumentos para persuadir a la jueza Preska para que falle a su favor, alegando, sobre todo, que estaba impedido por su propia leyes de adquirir acciones adicionales”, destacó Maril.

Si Argentina pierde los escenarios podrían incluir apelaciones, búsquedas de nuevos mediadores, oferta de pago con bonos (de los devaluados del país o de la empresa), venta extra de acciones por parte de la empresa y hasta futuras negociaciones según quien gane las elecciones presidenciales de 2023 y posibles embargos en EE.UU. para la empresa.

“Si bien todavía creemos que la juez Preska fallará en favor de los demandantes, todavía hay tiempo para que Argentina lance un Hail Mary Pass [el juego de palabras está explicado más arriba]. Pero hay demasiado en juego. Este será sin duda un fallo histórico ya que marcará un precedente para cualquier nación soberana que considere expropiar una empresa que cotiza en EEUU. Con su fallo, esperamos que la jueza envíe un mensaje contundente: todo país que busque acceder a los mercados de capitales de EEUU debe rendir cuentas con los mismos estándares que lo hacen las empresas y el gobierno de ese país. Si Preska decide lo contrario, las naciones serán libres de nacionalizar empresas que cotizan sin ninguna consecuencia dejando a los inversores desprotegidos de esos actos ‘soberanos’”, detalló el paper.

Maril cree que Burford buscará vender este año parte del juicio –su tenencia en Eaton– previendo demoras de pagos por parte de Argentina si la jueza falla en su contra. Mientras tanto, el final del extenso juicio por la expropiación de YPF está cada vez más cerca.