Hasta septiembre de este año, 343 denuncias contra la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) han sido recibidas por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. La razón es evidente: la tercerización cumple un rol fundamental en la dinámica empresarial peruana, señala el Instituto Peruano de Economía (IPE), debido al impacto positivo que generan sobre la productividad y la eficiencia de ciertos procesos. Prohibirla sería un despropósito.

Según la Encuesta Nacional de Empresas (ENE), en el 2017, el 62% de empresas había tercerizado el mantenimiento de sus equipos; el 32%, la seguridad en sus instalaciones; solo el 14%, parte de su producción, y 11% sus actividades de limpieza. En general, las empresas de construcción y servicios fueron las que más utilizaron este mecanismo. 

El Indecopi, a partir de las denuncias recibidas, ya emitió una resolución: la norma constituye una barrera burocrática ilegal, por lo tanto, es inaplicable y debe dejarse sin efecto. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, reconoció que las empresas del sector minero pueden tercerizar las actividades pertenecientes al núcleo del negocio, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Especial de Minería. Pero la norma se aplicó, incluso sin un diálogo previo. Ahora, la Sunafil ya anunció que multará a las empresas que incumplan con la nueva normativa.

SIN DIÁLOGO SOCIAL
En el webinar “Generación de empleo, producción nacional y situación laboral”, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME Perú, señaló que el Decreto Supremo N.° 001-2022-TR atenta contra los derechos fundamentales de todos los peruanos porque afecta la libertad de contratación, el derecho al trabajo y la libertad de empresa.

Pero, más allá de todo eso, recalca Choquehuanca, la norma se instaló sin un diálogo social, por lo que desde un inicio sienta un mal precedente.

“Esta es una medida populista con un claro sesgo ideológico que aprobó el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a espaldas del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), espacio de diálogo entre empleadores y trabajadores. Solo va a traer consigo la precarización del empleo y más informalidad”, señaló durante su presentación. 

Luis Vinatea, socio del Estudio Vinatea & Toyama, coincidió, a su turno, que la norma se aprobó al margen del CNTPE, sin un análisis técnico, y respondiendo a una decisión política de las actuales autoridades del Gobierno. “El Estado, al momento de emitir esta norma, no ha hecho un análisis serio de por qué la ha emitido. Las razones han sido básicamente políticas (…) El Estado omitió el debate y el resultado es una norma imperfecta”, afirmó.

EN DEFENSA DE UNA NORMA RESPALDADA 
A su turno, Pablo Lavado, vicedecano de Economía de la Universidad del Pacífico, destacó el reciente informe del Banco Central de Reserva del Perú, que señala que los principales beneficios de la tercerización laboral para las empresas son el aprovechamiento de las economías de escala y de la experiencia de empresas especializadas. Además, se demuestra que, en contextos adversos como la pandemia por la COVID-19, la tercerización facilita la generación de empleos.

Ello, sin considerar que la tercerización, además, cuenta con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que la reconoce como una modalidad que incrementa la competitividad en el mercado al permitir a las empresas centrarse en actividades primordiales, focalizando sus estrategias de mercado.

“Al prohibir la tercerización no se está protegiendo al trabajador, sino lo contrario, porque se genera menos empleo y una caída de los ingresos. En países como Ecuador, Bolivia y México hemos visto cómo esa medida restrictiva generó efectos contrarios”, reiteró el especialista.

Choquehuanca, por su parte, es enfática al señalar su preocupación por el avance de la agenda laboral, pues alienta la precarización del empleo, la llamada “planilla negra” y la informalidad. Además, señaló, más de 100 mil trabajadores, sobre todo de las pymes, corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo.

FISCALIZAR EN LUGAR DE PROHIBIR
“Ninguna de las normas laborales se aplica al 80% de la masa trabajadora que se encuentra en el sector informal, sin acceso a la protección social”, dice Vinatea. Esto aplica también para la norma de relaciones laborales colectivas, el Decreto Supremo N.° 014-2022-TR, que el Estado ha decidido regular, también unilateralmente, adhiriendo al sistema un sesgo interventor. 

“Lo que ha propuesto el Estado es promover la formación de organizaciones sindicales de distinto tipo, lo cual, en términos generales, no está mal. Pero la determinación de si se negocia en un nivel o en otro, es decir, si se pasa de nivel de empresa a nivel de rama, se puede dar a través de un arbitraje potestativo que solamente lo pueden proponer los trabajadores. Esto genera un efecto de intervención indirecto: el Estado propicia que la solución sea impuesta por una de las partes y no acordada por estas”, afirma Vinatea. 

Por su parte, Choquehuanca, señala que “no se debe azuzar una cultura de enfrentamiento y odio entre trabajadores y empleadores porque pierde la empresa y el país. Más bien se debe fomentar el empleo formal y un entorno favorable a fin de crear más empresas”, enfatizó la representante de las pymes.

“Lo esencial es potenciar la fiscalización para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, que es el punto medio entre la prohibición y la absoluta flexibilización, pero el Gobierno ha preferido prohibir”, concluyó Vinatea.