PERUMIN 35 llegó a su último día. Un balance anticipado de una exposición récord. La vuelta al ruedo de una de las convenciones más grandes de la región. Exploración, nuevos proyectos, inversión, innovación, inclusión y conflictos estuvieron presentes en las diferentes exposiciones.

LAS NUEVAS INVERSIONES

Los anuncios de inversión para nuevas exploraciones mineras en el Perú podrían tener un impacto en las proyecciones económicas del país. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, respondió que “ojalá” dichos anuncios aumenten la proyección de crecimiento el cual se mantiene en 3% para este y el próximo año.

“Nunca habíamos tenido un periodo tan largo fuera del rango meta. Lo que sí vemos es que no parecen haberse afianzado tasas de inflación más altas a futuro. Cuando había etapas de inflación más altas, los comerciantes se adelantaban al proveedor y subían los precios. Eso no se está dando”, explicó.

Asimismo, estimó que la tasa de inflación de setiembre se ubicaría en 0.4% (en setiembre del 2021 se situó en 0.40); agregando que la proyección es que para fines del 2023 la tasa se ubique dentro del rango meta.

Velarde también señaló que la inversión pública se aceleraría en el segundo semestre del año. “Por lo que está pasando aquí en Arequipa y en Lima, los alcaldes se han puesto a hacer obras en todos lados. Que la inversión (pública) crezca 0% en el 2023 no es tan malo”, anotó.

Respecto a la inversión privada, recordó que crecería este año en 0% respecto al 2021, año en que registró una aceleración “extraordinaria”, explicada porque se juntó la inversión que no se realizó en el 2020 debido a la pandemia.

El presidente del BCRP también se refirió a la calificación de riesgo del Perú, sobre el que señaló que “no creo que ninguna agencia baje la calificación al Perú”, considerando la capacidad de pago de deuda pública y el bajo déficit fiscal.

“Quellaveco adiciona 300,000 toneladas de cobre al año. Si logramos desarrollar tres o cuatro minas más, podríamos estar sobre 4 millones de toneladas, mientras que Chile ya está en más de 5 millones de toneladas”, comentó en PERUMIN, según informó Josimar Cóndor. 

En efecto, los proyectos de cobre en Perú comprenden grandes iniciativas, como la ampliación de Toromocho, Tía María, Integración Coroccohuayco y otras que, en conjunto, concentran el 69% del total de la cartera con US$ 36,507 millones.

Sin embargo, el ejecutivo consideró vital la unión de todos los actores involucrados (comunidades, población en general, el Estado en todos sus niveles, las empresas y los inversores) para sacar adelante tales proyectos.

De no avanzar en ese sentido, advirtió el riesgo de un desfase entre la oferta peruana de cobre y la demanda global, ante su incremento para su empleo en proyectos de electromovilidad y energías renovables.

“Ya hay un pequeño diferencial. Deberíamos estar haciendo inversiones para cubrir la demanda en siete años. La construcción, una vez que se tiene listo el proyecto, puede tomar tres o cuatro años. No podemos perder la oportunidad”, afirmó.

EL ATRASO DE BLOQUEAR A LA MINERÍA

Expresidente del Consejo de Ministros destacó el rol de la minería y pidió fiscalizar fondos que provienen del canon minero.

Bloquear la minería afecta a las empresas privadas e inversiones, pero también a los menores favorecidos, señaló Pedro Cateriano, ex presidente del Consejo de Ministros, durante su participación en la mesa redonda “Encadenamiento económico: Crecimiento, empleo y diversificación” en Perumin 35.

“Bloquear la minería a quién afecta, claro que afecta a las empresas e inversiones, pero fundamentalmente a los menos favorecidos, ellos son los más afectados con la crisis económica”, dijo.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estimó que la paralización de nueve minas entre el 2021 y 2022 por bloqueos y paralizaciones dejó una pérdida de US$ 1 160 millones. Además, se dejaron de pagar aproximadamente US$ 348 millones en impuestos y regalías.

Cateriano destacó la importancia de la minería en el Perú y pidió estabilidad jurídica y política para que las inversiones se mantengan en el tiempo y generen desarrollo en el país. “Romper la palabra de un Estado es lo más grave que existe para el proceso de desarrollo económico, porque luego reconstruir el clima de confianza y credibilidad cuesta mucho”, señaló.

Además, criticó que se no haga uso adecuado de los recursos transferidos a los gobiernos regionales y locales provenientes de los impuestos mineros. Citó, por ejemplo, que este año las regiones recibieron más de nueve mil millones de soles por concepto de canon minero, pero a la fecha solo ejecutaron el 41% de estos fondos.

Por eso destacó la importancia que desde el gobierno central se lidere una capacitación técnica a los funcionarios a cargo de la administración de este dinero para que se ejecuten de una forma más técnica y efectiva.

Ayudaría, también, a que las autoridades dejen de promover proyectos de corto plazo y apuesten por iniciativas de largo plazo. “Las autoridades no invierten en obras de largo plazo porque no les da réditos políticos y eso se debe corregir”, precisó.

También sugirió que el Congreso de la República fiscalice la utilización de estos fondos e interrogue a los responsables en las regiones si es que se denuncia algún acto de corrupción. “¿Acaso han visto interrogando a algún funcionario de regiones? No”, respondió.

Cateriano aprovechó, también, para subrayar el trabajo de las empresas comunales que vienen trabajando directamente con las empresas mineras como proveedores. Señaló que esta estrategia podría ser una salida a los constantes conflictos sociales presentados en el país. “El capitalismo popular es una salida”, concluyó.

UN ANÁLISIS SOBRE LOS CONFLICTOS: SÓLO EL 10% ES POR OPOSICIÓN A LA MINERÍA

Solo el 10% de los conflictos sociales reportados en el país son de oposición a la minería en el país, informó el adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque. El funcionario participó en la mesa redonda “Conflictividad y sus impactos en la sociedad”.

En su presentación Luque precisó que mientras ese porcentaje aparece por posiciones de comunidades contrarias a las actividades mineras, el 90% restante surge por circunstancias problemáticas que aparecen en forma eventual o permanente y generalmente se resuelven en procesos de diálogo.

Explicó que no existen conflictos ambientales puros, sino que es una mezcla de pedidos, en su mayoría reivindicativos, que exigen solución por parte de la población.

También indicó, según investigaciones de la Defensoría del Pueblo, que existen 1500 demandas surgidas en conflictos contra la minería. Los principales reclamos están relacionados a servicios públicos, luego a recursos naturales e industrias extractivas.

Las atenciones y resoluciones de estos pedidos corresponden en un 58% al Estado y 27% a las mineras. El resto a ambos actores.

Según las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, hasta agosto del 2022, hay 209 conflictos sociales, de los cuales 89 están relacionados a la minería, que equivalen al 42.6% del total. Hay un crecimiento significativo de los conflictos mineros del 12.7% en relación al 2018.

Sin embargo, hay cifras que hablan de una voluntad por solucionar estos problemas. De 64 conflictos activos vinculados a la minería, 52 están en fase de diálogo; la mayoría están en Cusco, Apurímac y Ancash. En los últimos cinco años resolvieron 24 casos y aparecieron 83 casos nuevos.

Pero expresó su preocupación por el aumento de las protestas sociales (plantones, movilizaciones, bloqueos). A la fecha la Defensoría del Pueblo tomó nota de 2093 y calculó que, si esta tendencia se mantiene, al cierre del 2022 aparecerán 3139, la cifra más alta reportada por la Defensoría desde que inició el monitoreo de los conflictos en el 2007.

DEMANDA REIVINDICATIVAS

Luque consideró que las demandas sociales son más reivindicativas que ideológicas. “Hay demandas que son propias de ciertos lugares, o son relaciones conflictivas entre determinados actores específicos, pero no es que exista una coordinación nacional en la dinámica local o que obedezcan a algunos patrones”, dijo.

Para gestionar estos conflictos presentó varias propuestas entre ellas: manejar una adecuada información; abordar el conflicto desde una visión multisectorial y no desde un solo sector; promover el debate de reformas institucionales y mejoramiento de leyes como la distribución del canon minero y la ley minera.

También planteó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apoye en la instalación de oficinas de prevención del conflicto en las regiones del país. Además, que el Estado cumpla con las promesas hechas a las comunidades porque hay un alto porcentaje de incumplimiento de las demandas.

“Se habló de un adelanto social, de rentabilidad social, de cierre de brechas, pero todo quedó ahí, falta una estrategia de persistencia”, señaló.

Dijo que, sin implementar cambios en las instituciones, los conflictos continuarán en el país. “La conflictividad va a seguir formando parte de la vida social del país en los próximos años, en tanto no haya reformas más profundas, porque el conflicto es en el fondo una crítica al funcionamiento del Estado y mercado. Si tenemos pendientes reformas políticas para reformar las instituciones del estado, entonces las demandas sociales se van a seguir trasladando al espacio público y no serán conducidos por las vías regulares”, concluyó.

Sobre el proyecto Tía María, paralizado desde el gobierno de Ollanta Humala, señaló que todavía falta hablar a profundidad sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya que a su juicio el proceso de diálogo es un intercambio profundo para conocer a fondo el proyecto. También comentó que hubo interés de la Defensoría del Pueblo por retomar las conversaciones, pero la empresa prefirió continuar con su estrategia de obtener, primero, la licencia social por parte de la población y mantener en suspensión sus actividades.

¿QUÉ PASA CON EL CANON?

“Hay algo que está fallando en la capacidad y manera de aplicar los recursos del canon y producir el desarrollo que se imaginó cuando se emitió la ley del canon hace casi 20 años. Y es que el canon tiene una serie de deficiencias en su diseño”, indicó Raúl Molina, consultor y exviceministro de gobernanza territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sostuvo que hay una enorme asimetría en la distribución. Refirió que los distritos y las provincias vecinas por las que muchas veces las actividades mineras transitan no están recibiendo canon y tendrían derecho a recibirlo porque no se puede ver solo la jurisdicción de la que se extrae el mineral sino el territorio relacionado a la actividad minera.

También, se refirió al bajo nivel de ejecución de los gobiernos locales. Hizo referencia al distrito de San Marcos, en Ancash, que el 2021 recibió 350 millones de soles de transferencia fresca, pero en su presupuesto se incorporó casi 400 millones de soles de saldos de años anteriores, entonces el distrito cerró con un presupuesto de más de 700 millones de soles, pero solo ejecutó 280 millones, menos de lo que recibió en el año.

También mencionó a la Municipalidad de Yarabamba, en Arequipa, que por un año atípico, en el 2021 recibió 125 mil soles por habitante. “¿Para qué se necesita tanto dinero, sino no hay forma de ejecutarlo?”, se cuestionó.

Manifestó que también se ha producido una serie de deformaciones en el uso de este recurso. Los gobiernos locales lo usaron en transporte, planeamiento, saneamiento, pero también para pagar deuda y hasta sueldos, a pesar de que está prohibido.

Asimismo, se refirió a un estudio que comparó distritos mineros con municipios vecinos y lo que se encontró es que ls diferencia en cobertura de agua, desagüe y alumbrando no son notables.

Estos aspectos, dijo Molina, son argumentos que podrían poner en discusión pública una redistribución de los recursos del canon. En ese sentido, sostuvo que hay que apostar por el concepto de desarrollo territorial, donde el desarrollo es producto del esfuerzo compartido.

Pero, entre tanto, una primera propuesta, indicó, son los fondos de estabilización, es decir, que los recursos que recibe un municipio vayan a un fideicomiso que le permita disponer del dinero que va usar en el año.

Teniendo esa estabilidad, parte del rendimiento financiero podría redirigirse a los otros municipios pobres de otros departamentos y también se podría permitir flexibilizar el uso para que no solo se haga infraestructura, sino que puedan operarla.

El consultor Raúl Molina participó en la conferencia “Propuesta de desarrollo minero sostenible. Consensos y trabajo conjunto de la autoridad nacional, regional y las empresas”, donde también participó, Darío Zegarra de Newmont Perú y panelistas invitados.

INGEMMET: EXPLORACIÓN DÉBIL

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) suele reportar el creciente interés por nuevos petitorios. ¿A qué se debe tal contradicción?

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Abraham Chahuán, afirmó que el Perú tiene varias iniciativas y que necesita tres o cuatro noticias similares a la de la aprobación de operación comercial de Quellaveco, para aumentar la producción de cobre. 

Al respecto, Chahuán, quien también es jefe de activos de cobre y zinc para Sudamérica de Glencore, explicó que las nuevas tecnologías permiten encontrar evidencia de recursos en el Perú, atrayendo así a empresas exploradoras. Sin embargo, los permisos y acuerdos con las comunidades dificultan los trabajos.

“La exploración es el inicio de la actividad industrial y debe concatenarse. No solo tener el denuncio basta. Para perforar debes tener alianza social, y ese mecanismo puede tomar tiempo”, explicó, tras estimar que estos derechos de propiedad se estarían devolviendo ante los inconvenientes para la exploración.

Agregó que el interés aún proviene de empresas medianas y grandes, peruanas y extranjeras.

CONFLICTOS AFECTAN RETORNOS
Entre los actores involucrados en el sector minero, Chahuán también mencionó el papel de los inversores. Si bien aseguró que encontrar capital para megaproyectos no es un problema, sostuvo que el financiamiento busca ciertas condiciones.

“La inversión en estos proyectos es gigantesca, de US$ 5,000 millones a US$ 7,000 millones y muchas veces se recupera en 10, 12 o 15 años. Necesitas tener estabilidad tributaria y jurídica para dar respuesta a los inversores y accionistas”, manifestó.

En ese sentido, opinó que las paralizaciones –como las vividas en Las Bambas y Cuajone el 2022– elevan el riesgo al momento de tomar las decisiones de inversión, pues siembran incertidumbre en el retorno del capital.

“La población y la sociedad tiene que darse cuenta de que una paralización no beneficia a nadie. Se han perdido S/ 800 millones en impuestos, la mitad va a la población directa del área de influencia. Con los paros no gana nadie”, dijo.

NUEVOS COMPETIDORES
Frente a un escenario de conflictividad y falta de acuerdo para sacar adelante nuevos proyectos, el ejecutivo recordó que el Perú no es el único país de la región que busca capitalizar la futura demanda de metales claves. Así, más allá de Chile, se suman nuevos competidores.

“Ecuador y Argentina vienen caminando y avanzando muy fuerte, se están potenciando mucho para desarrollar proyectos de cobre y litio”, indicó, tras mencionar que ambos territorios buscan ofrecer condiciones más estables para atraer las inversiones.