La Comisión de Minería del Senado aprobó el proyecto de Royalty Minero, en el marco de la Reforma Tributaria, proyecto presentado por el senador de la Federación Regionalista Verde Social y miembro permanente de la instancia, Esteban Velásquez, durante su periodo como diputado en el año 2018.

Al respecto, el parlamentario señaló que “hoy se ha dado un paso importante para un proyecto que venimos trabajando hace muchos años como FRVS. Un proyecto que tiene sinónimo de norte, porque desde allí levantamos esta propuesta y que fue aprobado contundentemente con votos de todos los sectores políticos, incluso de aquellos que ayer no apoyaban”, según informó Radio UChile. 

El legislador por Antofagasta agregó que “nos sentimos muy conformes porque para nosotros el royalty minero es una valorización de los recursos naturales renovables y no renovables, un principio que acogió este gobierno y que hoy aprueba un nuevo trámite quedándole cada vez menos para ser ley de la República”.

Velásquez explicó que “este proyecto va a ir en directo beneficio de las regiones mineras, en especial de las comunas mineras y en todas aquellas que se vean afectadas producto de las externalidades negativas de la minería. Pero, además, de las 346 comunas que tiene nuestro país, se van a ver beneficiadas 302 de las que reciben financiamiento del Fondo Común Municipal, a veces en menos cantidad, o que tienen ingresos propios muy menores”.

De esa manera, precisó que “con eso estamos llegando a los territorios y beneficiando un recurso natural que particularmente se encuentra en el norte, pero que hemos trabajado para que la mayor parte de los chilenos y chilenas tengan en sus comunas de libre disposición y puedan dar respuesta a muchos problemas sociales que enfrentan en sus territorios”.

En un desglose más detallado de la iniciativa aprobada en Comisión de Minería, la propuesta contempla una recaudación de más de US$ 1.000 millones, de los cuales el gobierno comprometió invertir US$ 450 millones en aumento de recursos para los gobiernos regionales y municipales, multiplicando por cuatro el actual aporte del fisco a los municipios.

En este sentido, la inversión se dividirá en tres fondos: el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, el cual beneficiará a 302 comunas de las 346 que existen en el país, focalizándose en aquellas más vulnerables y que dependan en mayor medida del Fondo Común Municipal, cuyo aporte totalizará US$ 170 millones.

El Fondo de Comunas Mineras, el cual se crea para compensar las externalidades negativas que sufren estas comunas por albergar en sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, etc.

Lo anterior significará un beneficio para 29 comunas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, con un total de US$ 55 millones.

Por último, se creará un Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, con un monto de US$ 225 millones.

El proyecto pasa ahora a Comisión de Hacienda, donde el senador Velásquez espera “no sea tijereteado, sino que lo fortalezcan y pueda llegar a sala en las mismas condiciones aprobadas en la Comisión de Minería, para ojalá, en su vuelta a la Cámara de Diputados, dado que allí ya fue aprobada en primer trámite con incluso mejores condiciones, vuelva a ser ratificada y pueda ser Ley de la República durante este mismo año. El royalty minero que llega desde el norte de Chile, sin dudas va a beneficiar a todo el país”.

EL DESTINO DE LOS RECURSOS
Previo a la votación en la Comisión, el Ejecutivo presentó una serie de indicaciones que modificaban la distribución de los recursos recaudados por el royalty a regiones, según informó Carlos Alonso en La Tercera. 

En total, según se detalló, se inyectarán U$ 450 millones a comunas y regiones del país, con foco en las zonas mineras, cifra por sobre los US$ 420 millones contemplados en octubre pasado. Este nuevo monto representa un 36% de la estimación de recaudación del royalty, y eleva en un 17% los recursos propios de gobiernos regionales y municipios, y cuadruplica los aportes fiscales a municipios.

Según lo que informó el Ejecutivo, la distribución se realizará a través de tres fondos: el Fondo de Compensación de Externalidades para las comunas mineras recibirá una inyección de U$ 55 millones anuales (800.000 UTM), lo que representa un aumento de US$ 35 millones respecto a las indicaciones de octubre. Además, se amplía la definición de comunas beneficiarias a aquéllas que posean faenas distintas a un yacimiento, pero relacionadas directamente con la actividad minera.

El Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial contará con recursos por US$ 170 millones anuales (2.500.000 UTM), lo que implica un incremento de US$ 100 millones respecto a las indicaciones de octubre. Además, se perfecciona la redacción respecto de las reglas de distribución. Acá se establece que los ingresos del año anterior se considerarán en el cálculo, y que el pago se efectuará en cuatro cuotas anuales en vez de dos.

Y el tercero es el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, el cual recibirá un aporte anual de US$ 225 millones, y se distribuirá de acuerdo con las reglas del Fondo Nacional por el Desarrollo Regional.

Adicional a estos incrementos, se explicita que los fondos a beneficio municipal serán de libre disposición y podrán utilizarse sin límites temporales, pudiendo acumularse de un año a otro. Además, se agrega una norma de publicidad y control del uso de los recursos, debiendo el Congreso ser informado al respecto.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “de parte nuestra ha existido toda la disposición para contribuir a acercar posiciones y generar un nuevo royalty que incremente los recursos fiscales que, a su vez, también puedan canalizarse en parte importante a las regiones y comunas, incluyendo aquellas que se ven más afectadas por la actividad minera”, comentó.

Considerando estos cambios, el gobierno estima que el royalty minero recaudaría en torno a 0,6% del PIB. De acuerdo a Hacienda, de ese total, un 0,46% del PIB sería producto de la nueva estructura, y el 0,15% restante es resultado del crecimiento de la producción y los costos.

LA CRÍTICA DE LOS PRIVADOS
Pese a que algunos de los cambios se trabajaron en una mesa que integró el Consejo Minero, su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, criticó duramente el avance de la iniciativa. 

“Lo ocurrido en la Comisión de Minería y Energía del Senado es lamentable. Cuatro de los cinco senadores expusieron su preocupación por los efectos del nuevo royalty en las inversiones, más aún, manifestaron dudas sobre la carga tributaria efectiva y las cifras entregadas por el ministro Marcel, pero igualmente deciden aprobar el proyecto”.

Asimismo, dijo que “es evidente que tuvo efecto la táctica del gobierno de enfocarse en el destino regional y comunal de la mayor recaudación, incluso cuando sea una promesa que difícilmente podrá cumplirse si la actividad minera decae por efecto de la mayor carga tributaria, y si las futuras leyes de presupuesto disponen prioridades distintas”.

Posición similar tuvo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, quien dijo que si bien se reconoce los cambios, “al mantenerse el impuesto ad valorem y el impuesto en función del margen operacional siguen generando inquietud en el sector”.

En este punto, dijo que “existen dudas de cómo quedará Chile en relación a otros países con estas nuevas tasas, ya que la comparación que muestra Hacienda no es clara”.

Villarino y Riesco esperan que en la Comisión de Hacienda exista una mayor reflexión, puesto que es una instancia más especializada.