IGNACIO ORTIZ

El litio no es un metal escaso. Ocupa el puesto 25 entre los elementos más abundantes de la Tierra, pero el rol estratégico que el mundo le asigna en los próximos años en el inevitable proceso de la transición energética lo convirtió en uno de los recursos que más interés despertaron en los últimos años. 

La Argentina ocupa un lugar de privilegio en este escenario al poseer el 20% de los yacimientos globales de litio, ubicados en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy, con una perspectiva de que su demanda se triplique para 2025 a partir de su uso en la fabricación de baterías, en especial para vehículos eléctricos y el almacenamiento de energías renovables.

En 2022, el país cerró con exportaciones de litio por casi US$ 700 millones, creciendo un 234% interanual y representando el 18% de las exportaciones mineras totales. Este desempeño permitió mantenerse a nivel mundial como cuarto exportador, con solo dos proyectos en producción: Fénix, en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), de la estadounidense Livent; y Sales de Jujuy, en el Salar de Olaroz, que pertenece a la australiana Orocobre, Toyota y la provincial JEMSE.

Pero las perspectivas de corto plazo van mucho más allá. China es responsable de más de un tercio de las importaciones globales del carbonato de litio. Su demanda interna y exportación de autos híbridos y eléctricos es un factor clave para tener en cuenta a la hora de explicar la evolución de los diversos precios mundiales del litio.

Si al gigante asiático se le suman Corea del Sur y Japón, representan más del 65% de la demanda internacional, seguidos por EE.UU. y Europa, obvios mercados a los que se orientan las exportaciones nacionales.

Franco Mignacco, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), destaca que para 2023 “durante el primer trimestre se espera la puesta en marcha del proyecto Caucharí Olaroz (Minera Exar) y, para fines del segundo trimestre, se sumaría Rincón (Argosy). A eso se agregan los avances en la construcción de otros cinco proyectos y dos ampliaciones, con lo que este año se estima que la producción se incrementará aproximadamente en un 50%. Ya de cara al 2025, considerando solo los proyectos más avanzados, se estiman inversiones por US$ 5.000 millones”.

Este movimiento de capitales se traduce en crecimiento para la región del noroeste y de muchas otras provincias en las que se desarrollan las pymes proveedoras, lo que hace que este mineral no solo genere llegada de divisas, sino también el impulso de la industria y el empleo. Se estima que entre el 70 y el 80% de las compras de los proyectos en servicios, insumos y equipos se hacen en el país, lo que potencia los entramados de pymes provinciales.

Pensando los próximos años, el incremento en la demanda fruto de las tecnologías de electromovilidad y energía renovable genera en el país expectativas para el litio y el cobre.

“Qué tan transformador pueda resultar este nuevo escenario dependerá en gran medida de la planificación que sepa generar Argentina. No basta solo con tener los recursos naturales. Esto es más que evidente cuando pensamos, por ejemplo, que Bolivia, el país que se estima tiene las mayores reservas, no posee producción significativa. En tanto que Australia, que está muy por detrás en reservas de Bolivia, Argentina y Chile, es el primer productor mundial, con más del 50% del total”, explica Mignacco, también titular de la minera Exar, próxima a irrumpir en el mercado con la entrada en operación del proyecto Cauchari-Olaroz, en la Puna jujeña.

Consolidarse como país productor requiere resolver desafíos que, para la industria, abarcan la generación y sostenimiento de un adecuado marco legal, esquemas impositivos que permitan la competitividad, logística, capacitación de recursos humanos, provisión de insumos, acceso a las importaciones, relacionamiento con las comunidades y una lista largamente presentada a los distintos gobiernos desde el sector minero.

EL CAMBIO HACIA ADELANTE
En este sendero de desarrollo, se abrió en la Argentina y en la región el debate sobre la definición del litio como una commodity y el consecuente mecanismo de fijación de precio. 

Pero la discusión tiene su razonada complejidad dado que, como punto de partida, habría que delimitar esa definición ya que se habla de “litio” como producto único, cuando lo que se exporta es carbonato de litio, cloruro de litio e hidróxido de litio. La diferencia corresponde a los distintos procesos químicos a los que se ha sometido para aportarle valor al mineral, lo que reduce la validez del pretendido debate sobre la primarización de la actividad.

Esos distintos productos no cuentan con una cotización internacional única, ya que lo que se vende no es igual en todo el mundo y ni siquiera entre las compañías de un mismo país, variando en su concentración, calidad y producto final.

Así lo explica el titular de la CAEM al dar como ejemplo que “a nivel global, el principal productor es Australia, basado en la producción primaria minera del concentrado de espodumeno con alto contenido de litio que vende a China, donde lo procesan en plantas industriales para llegar a productos químicos, como los que exporta la Argentina. Por eso, el precio del kilo de espodumeno en 2020 fue en promedio de 0,4 US$/Kg, mientras que el carbonato llegó a 6,3 US$/Kg. O sea, lo que produce la Argentina es fruto de un proceso químico-industrial que incorpora valor agregado”.

El grueso de la producción y exportación del mineral en el país corresponde a carbonato de litio. No obstante, hace pocos meses se inauguró en el norte argentino la primera planta de hidróxido de litio y en breve se espera la puesta en marcha de la primera planta de celdas y baterías de litio, en la ciudad de La Plata, a cargo de Y-TEC, el brazo tecnológico de YPF.

Pero si a la discusión y a la puja de intereses entre estados y empresas le faltaran condimentos, la industria acaba de recibir en las últimas semanas un desafío por parte del gobierno nacional que decidió eliminar el reintegro a las exportaciones del mineral, por entender que se alcanzó un alto precio internacional y por ende mayor rentabilidad.

Desde el sector explican que el reintegro surgió para estimular la actividad productiva, la contratación de recursos humanos y la generación de infraestructura en zonas inhóspitas alejadas de los principales centros de consumo y de abastecimiento, por lo que los costos de insumos, bienes de capital, infraestructura, transporte, energía y servicios pagan proporcionalmente mayores valores de componentes impositivos.

“Este tipo de medidas -reafirma Mignacco- siempre generan preocupación ya que se va en el camino contrario al del desarrollo de la industria. Los reintegros a las exportaciones de óxido e hidróxido de litio, cloruro de litio y carbonato de litio surgieron a partir de tomar en consideración que la producción minera tiene cargas impositivas diferenciales, como las regalías mineras, que son un tributo que paga, además de todos los que abona cualquier actividad. Quitar los reintegros modifica nuevamente las reglas de juego en el país e impacta en la competitividad frente a otros países que pueden recibir la inversión minera, ya que incrementan la carga impositiva indirecta al eliminar la posibilidad de recuperar los impuestos pagados a lo largo de la cadena productiva, aumentando los costos”.

Argentina cuenta actualmente con solo dos proyectos en producción, de modo que el crecimiento de la demanda aún está en camino de ser traducido en una mayor producción. Así, para el sector, la verdadera definición de crecimiento tiene que tomar como parámetro el incremento de las empresas en funcionamiento y la producción, y no basarse en el incremento de los precios, ya que este puede tener vaivenes.

No menos impacto generó la decisión del gobierno de La Rioja de declarar como recurso estratégico al litio, cuya presencia con posibilidad de aprovechamiento comercial en el territorio de esa provincia aún es una incógnita. A pesar de esa incertidumbre, y que por ende no tiene proyectos en marcha, la medida generó el reclamo al unísono de varias entidades empresariales, alertadas por lo que consideraron una nueva muestra de la afectación de la estabilidad jurídica.

Nuevamente, para Mignacco, “es un aspecto que ven los inversores y genera dudas con relación a la provincia en la que se produce este hecho y al país en general. Suspender las concesiones y permisos daña las posibilidades de desarrollo socioeconómico a futuro, generando señales negativas que atentan contra potenciales inversores, frenando la posibilidad de producción y generación de divisas y, con ello, impidiendo la creación de nuevos puestos de trabajo”.