MARIANO ESPINA

La estrategia nacional del litio promovida por el presidente de Chile, Gabriel Boric, para la explotación del “oro blanco”, recurso clave en la transición energética, generó una revisión respecto a las decisiones de los países latinoamericanos respecto al desarrollo de este sector. En Argentina, por lo pronto, inversores y analistas sugieren que el país debe continuar con el modelo exportador encabezado por las provincias del norte, dueñas del mineral.

En la última semana, en la Cámara de Diputados ingresó un proyecto promovido por diputados del Frente de Todos (coalición oficialista) que promueve la nacionalización del litio. Pero no ha sido ese el espíritu del gobierno de Alberto Fernández en estos cuatro años. 

En cambio, se respaldó la posición de las provincias y se conformó una mesa del litio integrada por los gobernadores de Salta, Catamarca y Jujuy, en la que también participa la Casa Rosada a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que en las últimas semanas avanzó en la redacción de un proyecto para agregarle valor al carbonato de litio que se produce en el país.

"Aunque la ‘seminacionalización’ en Chile en teoría hace que Argentina sea más atractiva para los inversores, también pone de relieve los riesgos para todas las inversiones en recursos de América Latina. Australia, Canadá y Estados Unidos pueden ser los verdaderos ganadores", dijo Andrew Leyland, managing director de SC Insights.

En 2022 Argentina exportó carbonato de litio por US$696 millones, con sus dos proyectos en producción (Fenix, operado por Livent en Catamarca; Sales de Jujuy, operado por Allkem), lejos de los US$ 8.093 millones de Chile, de acuerdo a datos del Banco Central del país andino. Sin embargo, diversos informes proyectan que Argentina saldrá del cuarto puesto a nivel global y hacia 2030 superará al país trasandino en esa categoría.

El debate respecto a qué hacer con el litio que se produce en el norte del país está abierto y será parte de las elecciones presidenciales de este año. Desde Cristina Fernández de Kircher hasta Horacio Rodríguez Larreta, incluyen a la minería y al litio en sus programas. Con diversos argumentos, una pregunta engloba a todos los actores de la política nacional: ¿qué estrategia debe adoptar Argentina?

¿POLÍTICA DE CHILE ATRAERÁ INVERSIONES EN ARGENTINA?
“Argentina se caracterizó por tener un marco jurídico diferente al de Bolivia y Chile, países con los que comparte los recursos de litio en la región”, dice Franco Mignacco, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, quien a su vez compara ese marco con los otros dos países que integran el triángulo del litio, Bolivia y Chile.

Bolivia “cuenta con grandes recursos en litio”, pero su política “no ha logrado alcanzar una producción significativa”.

En Chile, con un mineral ya declarado estratégico (previo a la estrategia nacional), y “un régimen por el cual no es susceptible de concesión y su explotación se encuentra regulada por la Comisión Chilena de Energía Nuclear”, el país vecino no ha generado un marco normativo propicio para la llegada de nuevas inversiones, dijo Mignacco.

TURBULENCIAS POLÍTICAS
“Las turbulencias políticas en Chile y en Bolivia hacen más atractiva la inversión en Argentina”, dice Manuel Máximo Cruz, economista especializado en minería, al hacer hincapié en que inversiones en este sector minero “requieren fuertes desembolsos de capital a lo largo de muchos años”.

“Dados los plazos y montos de inversión, los inversores son muy sensibles a cambios en la estructura legal e impositiva. Un aumento discrecional de retenciones puede generar retraso y cancelaciones en inversiones, priorizando aquellas en regiones más estables. Principalmente, Australia y China”, explica.

Para Andrew Leyland, managing director de SC Insights, Argentina podría ser afectada por las políticas que toman los países de la región: “aunque la ‘seminacionalización’ en Chile en teoría hace que Argentina sea más atractiva para los inversores, también pone de relieve los riesgos para todas las inversiones en recursos de América Latina. Australia, Canadá y Estados Unidos pueden ser los verdaderos ganadores en términos de inversión privada”.

“Dependerá de Argentina lograr capitalizar esta oportunidad que se abre. En especial, brindando las condiciones de certezas y reglas claras, que son la base imprescindible para la llegada de inversiones de gran volumen, con largo plazo de recupero”, dijo Mignacco.

¿CUÁL DEBE SER EL ROL DE LAS PROVINCIAS CON EL LITIO?
El artículo 124 de la Constitucional Nacional aprobada en 1994, le dio a las provincias “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. En ese contexto se dan ahora las disputas respecto al derecho de explotación del litio.

Respecto al marco jurídico en Argentina, Cruz destaca como una “ventaja” que el recurso sea manejado por las provincias, pero señala un efecto negativo: “Existen multitud de provincias que aún teniendo recursos minerales cuantiosos, han impedido su desarrollo. Lo ideal en Argentina sería que las provincias que explotan un mismo recurso mineral deban acordar un marco único de fideicomisos, impuestos provinciales y demás normativas para facilitar las inversiones entre jurisdicciones”.

Mignacco, a su vez, señala la participación de las provincias en los proyectos: “Es importante destacar que en Argentina también hay participación estatal, a través del asociativismo público-privado que se canaliza mediante las empresas públicas provinciales, como son los casos de JEMSE (en Jujuy), REMSa (en Salta) y CAMYEN (en Catamarca). De esta forma, se da una colaboración público-privada y el Estado participa en la actividad generada por las empresas”.

Para Leyland, “las relaciones con los gobiernos provinciales suelen ser muy buenas y esto puede considerarse un éxito en el litio para Argentina”. Sin embargo, destaca “el apoyo” prestado por el Gobierno federal y dice que “a medida que aumenten los niveles de exportación, el sector puede esperar más atención gubernamental”.