Petróleos Mexicanos dejó a los inversionistas con más preguntas que respuestas después del anuncio que realizó a fines de julio sobre que divulgaría sus emisiones de gases de efecto invernadero de manera más regular y luego se negara a discutir por qué aumentaron en dos dígitos entre abril y junio en comparación con el mismo período del año anterior.

El momento fue incómodo, por decir lo menos, pero los analistas también lo recibieron como un primer paso inestable en un segmento de la industria de los combustibles fósiles que aún está refinando su estrategia de marketing verde.

Pemex, como se conoce a la enorme petrolera mexicana, se encuentra entre un número creciente de petroleras nacionales que enfrentan la presión de los accionistas extranjeros e inversionistas para hacer un seguimiento de las emisiones de carbono y reducirlas. A diferencia de sus pares privados, el principal accionista de estas petroleras es el Estado, lo que pone fuera de su alcance algunas opciones más arriesgadas o más experimentales.

Las petroleras estatales “tienen menos flexibilidad para realizar inversiones o cambios estratégicos en sus negocios”, dijo Jonathan Wood, subdirector de investigación global de Control Risks, un grupo de consultoría de riesgo global. No pueden simplemente vender sus activos de altas emisiones, por ejemplo.

“Su mandato es maximizar los ingresos del Gobierno y garantizar una oferta estable de energía doméstica asequible. Y a menudo están trabajando en mercados donde hay controles de precios u otras medidas diseñadas para lograr esos resultados, que es muy diferente a lo que enfrentan las petroleras internacionales”, aseveró Wood.

Los desafíos entre los perforadores estatales tampoco son uniformes, y algunos están mucho más avanzados que otros en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad. Si bien cada petrolera tiene su propio conjunto único de catalizadores, la gran mayoría de ellos se comportará de acuerdo con la estrategia económica y política de su Gobierno.

Las empresas energéticas estatales europeas, como Equinor ASA en Noruega, se encuentran entre las mejores petroleras en términos de sostenibilidad debido a la riqueza de Europa y a sus ambiciosos compromisos climáticos. Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita, también ha acelerado el ritmo desde su oferta pública inicial hace dos años.

No solo se enfrenta a la presión de inversionistas externos, sino que también recibe presión del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, cuyo plan de reforma “Vision 2030” tiene como objetivo diversificar la economía en preparación para un futuro pospetróleo.

Aun así, Aramco está varios pasos por detrás de las grandes petroleras internacionales. Subestimó sus emisiones hasta en un 50% a principios de año, reveló una investigación de Bloomberg Green. Aunque más tarde dijo que mejoraría sus informes, en marzo reconoció que dos activos de su total propiedad no se incluyeron en el recuento de emisiones de su informe anual del 2020. Y Aramco solo ha revelado las emisiones de los activos que controla, excluyendo múltiples empresas conjuntas en refinerías y plantas químicas.

En las regiones más pobres, mientras tanto, los productores de petróleo controlados por el Gobierno enfrentan una mayor presión para equilibrar los objetivos de sostenibilidad con las necesidades económicas de sus países. En raras ocasiones coinciden, como es el caso de la decisión reciente de Colombia de vender una empresa de transmisión de electricidad al perforador controlado por el Estado, Ecopetrol, que apunta a cero emisiones netas para el 2050.

“No hay duda de que la intención era fiscal. Fue impulsada por el Ministerio de Hacienda debido a la necesidad de obtener ingresos adicionales” para reducir un déficit fiscal que se ha disparado durante la pandemia, dijo Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda de Colombia desde el 2012 hasta 2018, quien ahora es investigador principal en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. “Pero si las cosas se hacen de la manera correcta, esto podría ser útil para que Ecopetrol cumpla con sus metas de cero emisiones netas”.

Con mayor frecuencia, los objetivos económicos y de sostenibilidad de los países en desarrollo no son tan sinérgicos. En México, por ejemplo, el líder de izquierda Andrés Manuel López Obrador llegó al poder a fines del 2018 con la promesa de recuperar la economía mediante el aumento de la producción de petróleo y combustibles de Pemex.

Pero debido a que las refinerías de Pemex carecen de la tecnología para extraer combustibles más limpios del sedimento restante durante el proceso inicial de convertir crudo en gasolina, también terminaron aumentando su producción de fuel oil altamente contaminante. Cuanta más gasolina producen las refinerías del país, a más fuel oil le deben encontrar un destino.

“Por supuesto que estamos aumentando el fuel oil”, dijo la ministra de Energía de México, Rocío Nahle, en una entrevista. Pero el Gobierno tiene la intención de “eliminar gradualmente” la producción, a medida que reconfigura varias de sus refinerías en el centro de México, lo que finalizará en 2023. “No me preocupa”, dijo.

Ahora que la Organización Marítima Internacional está exigiendo el uso de combustibles menos contaminantes, Pemex ha estado vendiendo su fuel oil a menor precio a la empresa estatal, Comisión Federal de Electricidad, para operar sus plantas. CFE compra unos 45,000 barriles de fuel oil por día a Pemex, dijo Nahle.

El cambio de una termoeléctrica que opera con gas natural a fuel oil genera un 16% más de dióxido de carbono, según cálculos de BloombergNEF. De manera similar, en Brasil, la escasez de energía hidroeléctrica debido a la sequía ha llevado a Petróleo Brasileiro SA a incrementar las ventas de fuel oil para generación eléctrica.

Las petroleras nacionales también están absorbiendo una mayor parte de los activos petroleros de grandes empresas internacionales que están desinvirtiendo su negocio de combustibles fósiles, ejemplificado por la adquisición planificada por Pemex de la refinería Deer Park en Texas de manos de Royal Dutch Shell Plc, que anunció en mayo.

Sin embargo, si se ven obligados a responder a las regulaciones ambientales en jurisdicciones extranjeras, eso podría tener un efecto dominó en sus negocios nacionales, señaló Wood.

“Si tienen que informar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de una gran refinería con sede en EE.UU., eso se convierte en una capacidad institucional y un conocimiento que quizás desee transferir a otro lugar”, dijo. “El siguiente paso para muchas de estas empresas no es solo determinar cuáles deberían ser sus objetivos, sino cómo cuantificarlos y medirlos y, de hecho, ofrecer mejoras de desempeño”.

Después de que Pemex informara dos explosiones de plataformas marinas en la misma cantidad de meses, la última de las cuales ocurrió el domingo y causó cinco víctimas fatales, la compañía está bajo un mayor escrutinio. La explosión anterior, en julio, provocó un incendio en el golfo de México que captó la atención internacional.

“Se necesitará más que una diapositiva de power point en su presentación trimestral para decir que están manejando los factores ASG”, dijo John Padilla, director gerente de la consultora de energía IPD Latin America.

La principal forma de mejorar la huella de carbono de las compañías petroleras estatales es que la comunidad internacional incentive a los países en desarrollo a reducir las emisiones, dijeron analistas. Esto es aún más importante si se tiene en cuenta que los productores estatales aportan algo más de la mitad del suministro actual de petróleo, una cifra que podría alcanzar el 65% para el 2050, según Rystad Energy.

Las empresas estatales de combustibles fósiles que no cotizan en bolsa son responsables de aproximadamente el 20% de las emisiones mundiales, y otro 19% de las emisiones mundiales provienen de petroleras de control estatal que cotizan en bolsa, según estimaciones publicadas en septiembre en un informe de Bloomberg Opinion.

Ese incentivo podría tomar la forma de financiamiento, según Cárdenas. A menos que sus Gobiernos estén totalmente comprometidos con los objetivos de emisiones, “la única razón por la que estas empresas realmente adoptarán una postura firme es si el financiamiento se convierte en un problema”, sostuvo.