El dictamen que plantea eliminar el decreto supremo (DS 001-2022-TR) que limita la tercerización laboral volvería a ser debatido en los próximos días en la Comisión de Economía del Congreso.

Así lo adelantó el parlamentario y miembro de dicho grupo de trabajo, Jorge Morante (FP), quien explicó que la propuesta debe ser priorizada en la Comisión que hoy preside su colega de bancada, Rosangella Barbarán, por lo que, si no llega a ser puesta en agenda, aseguró, él solicitará su incorporación.

“Tiene que derogarse el decreto porque afecta el trabajo empresarial, complica la productividad y afecta a la economía”, comentó, según informó Fabiana Sánchez en Perú21.

El abogado laboralista y socio del Estudio Muñiz, Ricardo Herrera, ve muy poco probable que el Ejecutivo vaya a deshacer los cambios hechos a la tercerización, por lo que debería hacerlo el Congreso.

“El ministro de Trabajo ha dicho que va a insistir con una norma de tercerización si esta (el DS) es derogada en el Parlamento. Entonces, el Ejecutivo está retando al Congreso a que lo haga y este lo debe hacer (derogar) porque atenta contra la ley de tercerización que el Congreso aprobó”, dice.

Por ello, consideró que el Parlamento debería tomar celeridad en la derogación, pues ya hay empresas que están dejado de lado contratos con proveedores y “se calcula que el impacto podría ser de 300 mil trabajadores”.

“El Congreso tiene la palabra y, además, hay un antecedente cercano, que es la ley que derogó el DS que dispuso la intervención de la Derrama Magisterial hace poco (…). Tranquilamente puede hacerlo en esta oportunidad”, indica.

CODECO PERÚ: MÁS DE 15.000 COMUNEROS SERÁN AFECTADOS
La nueva norma de tercerización laboral afectará a más de 15 mil pobladores que trabajan de manera directa e indirecta en empresas creadas en comunidades de nuestro país; así lo advirtió Jhoel Rivera, presidente de la Confederación de Empresas Comunales del Perú.

“La Ley de Tercerización no ayuda en nada. Se quiere quitar los servicios que brindamos. En lugar de solucionar problema de la falta de empleo en el país, generarán mayor desempleo y escalarán los conflictos sociales”, declaró el representante de la Confederación de Empresas Comunales.

Y es que el principal cambio que establece el decreto supremo de la tercerización laboral es que una empresa no puede contratar a un tercero para que realice actividades propias del núcleo de su negocio, lo cual trae como consecuencia que las empresas dejen de contratar a la empresa de tercerización de servicios; según explican abogados laboralistas. 

En nuestro país, existen alrededor de 200 empresas comunales que brindan servicios de mantenimiento, pilas de lixiviación, botaderos, entre otros, en el sector minero. La conformación de estas ha logrado la migración inversa al generar fuentes de empleo; además buscan tener valor compartido en las zonas de influencia minera.

“En nuestro país no hay ley de comunidades ni ley de empresas comunales; además estamos exoneradas de recibir los impuestos a la renta que generan las actividades económicas. La mayoría de comunidades brindó respaldo con su voto al actual Presidente, esperemos no nos dé la espalda”, sostuvo Rivera.

Indicó que las empresas comunales se han creado en zonas donde hay influencia minera. Las inversiones han permitido su crecimiento, y hoy buscan mayor acompañamiento y soporte de las empresas mineras.